El movimiento de los padres de los 43 desaparecidos, iniciarán acciones en Guerrero el 18 de noviembre y terminarán el día 27 en Iguala (que incluyen mítines, marchas y un posible plantón del lunes 20 al domingo 26 de noviembre en la Ciudad de México), en conmemoración de más de tres años de reclamar una “lentitud y falta de voluntad política de las autoridades de México para avanzar en las investigaciones y dar con el paradero de los estudiantes”.
En entrevista con MVS Noticias, el representante legal de los padres de los estudiantes desaparecidos Vidulfo Rosales, señaló que las protestas se realizarán ante “las instituciones federales que tienen que ver con el caso Ayotzinapa y que no han mostrado disposición para avanzar en las investigaciones”.
Consciente del avance al fin de año y de la agenda electoral, el abogado Rosales dijo que los padres “no saben que tanto pueda jalar la marcha” del domingo 26 de noviembre, qué se realizará a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, pero si se llevará a cabo como “un símbolo de la ausencia y de la exigencia de los 43”, agregó.
Rosales apuntó que “la mayoría de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos se pronuncian por solicitar una extensión del Mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero eso está en manos de la CIDH y el Estado Mexicano”, detalló.
“El Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH ha sido una palanca de supervisión y monitoreo sobre el avance de las recomendaciones del Grupo Interamericano de Expertos Independientes en los cuatro puntos”.
Hasta el día de hoy, enfatizó Rosales, “no tenemos un dato ni un elemento objetivo que nos indique el paradero de los compañeros, la hipótesis del basurero de Cocula ha sido sumamente cuestionada y no ofrece pruebas a los familiares”.
Por una parte, explicó el integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, Tlachinollan, “el gobierno reconoce y acepta avanzar en las 4 líneas de investigación (sobre papel de policías, militares, telefonía celular de los estudiantes y ruta de trasiego de droga de Iguala a Chicago) pero por otra, hay un silencio del poder público como una estrategia frente al 2018 ante los costos políticos que implicará la investigación del caso”.
Por otra parte, Rosales comentó que los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, “no fueron convocados” a participar en la reunión de familiares de desaparecidos con el presidente Enrique Peña Nieto frente a la promulgación de la Ley General de Desaparición.
