(01 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Al demostrar con hechos que existen irregularidades en las investigaciones del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró que la procuración de justicia en México tiene graves deficiencias, sumado a que la relación entre narcotráfico y gobierno no sólo sucede en niveles locales, sino en toda la estructura, coincidieron expertos.
De acuerdo con especialistas consultados por Revolución TRESPUNTOCERO, si bien los expertos no descubrieron el “hilo negro”, la situación que atraviesa México está en la óptica de la comunidad internacional, y puede que más organismos de derechos humanos se ofrezcan a asistir investigaciones de alto impacto, pese a la negativa que pueda tener el Estado.
“En el México de hoy es difícil diferenciar el mundo del crimen del mundo de las instituciones. Ayotzinapa fue una prueba que existía esta mezcla de criminales y policías. Lo que hizo el grupo fue extender esta evidencia. Aquí ya no se trató de policías locales, que esa es la versión que ha querido sistemáticamente -desde el presidente para abajo- mantener, el GIEI ha logrado mostrarnos que este pacto criminal, esta condición criminal, está hasta los niveles más altos del gobierno”, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO el investigador Gustavo Esteva.
“Altos funcionarios, instituciones que están obligadas, supuestamente, a procurar la justicia están involucradas con el crimen. Forman parte de la atrocidad. Y que además están empeñados en mantener un cinismo notable e insistir en ocultar las cosas”, agregó Esteva.
El pasado 30 de abril concluyó el mandato de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dieron asistencia técnica a la investigación del caso Ayotzinapa donde resultaron seis personas asesinadas y 43 normalistas desaparecidos.
En su informe final, el GIEI expuso un sinfín de irregularidades en la investigación, como: indicios de tortura en los procesados, diligencias que no fueron anotadas en las actas de la investigación, así como limitantes que impidieron las entrevistas a militares, así como falta de transparencia.
A pesar que los padres de familia pidieron que Enrique Peña Nieto ampliara el plazo de permanencia de los expertos, no hubo respuesta a favor. En consecuencia pidieron que el Estado mexicano permita la implementación inmediata de un mecanismo de vigilancia del caso, para que se logre “verdad y justicia”.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, informó que la comunidad en el exterior está viendo la magnitud del problema que enfrenta México, y agregó que existe una posibilidad que la Corte Penal Internacional (CPI) abra un caso de oficio por crímenes de lesa humanidad.
“Hay una posibilidad, desde que México fue firmante del estatuto internacional de Roma, pero cómo se resuelve el caso será clave para saber si se cumplen los requisitos”, comentó Perseo Quiroz.
El director de AI opinó que el Estado “intentará regresar a la versión que ha estado defendiendo desde hace mucho tiempo, aunque hay una respuesta muy fuerte de la sociedad mexicana en general, para que esto no suceda.
“El sistema de procuración de justicia tiene grandes deficiencias y esto no es nada nuevo, no se descubrió el hilo negro pero se volvió a poner el dedo sobre la cien, en el sentido que durante muchos años se ha venido hablando de cosas y se ha invertido dinero pero las instituciones siguen sin funcionar. Yo me sigo remitiendo a aquella primera declaración de Jesús Murillo Karam cuando decía que él recibió una Procuraduría General de la República (PGR) destrozada y yo preguntaría en qué ha cambiado esa procuraduría que recibió Murillo Karam a la procuraduría que tenemos hoy. Sigue siendo una procuraduría destrozada que sigue sin tener métodos de investigación adecuados, que sigue utilizando la tortura como un método de investigación, que sigue sin tener expertos, que sigue con irregularidades y eso hace que nos coloquen en el peor de los mundos”, afirmó Quiroz Rendón.
El periodista uruguayo Carlos Fazio comentó a Revolución TRESPUNTOCERO que pese a las limitaciones de la coadyuvancia, el GIEI logró poner en duda al aparato de procuración de justicia.
“Es una práctica común en México tergiversar la verdad. Las cárceles están llenas de pobres y la mayoría de los casos se les montan las acusaciones. Es una práctica incontrastable. Lo que hace el GIEI es que por primera vez, un organismo del exterior pone en evidencia las falencias de toda la cadena de aplicación de la justicia, con una impunidad que conlleva a una eventual repetición de este tipo de crímenes”, aseveró Fazio.
El periodista agregó que los ataques mediáticos contra el GIEI no fueron del todo efectivos, porque los propios hechos los respaldaron. “Los datos fueron tan duros que comenzó a ver contraste en los medios, por ejemplo en Milenio, donde en algún tiempo los principales columnistas, empezando por el director, tenían una línea común de análisis sobre el basurero de Cocula (Guerrero) y la coyuntura, y a últimas fechas vemos que hay discrepancias entre eso”, dijo Carlos Fazio.
Gustavo Esteva dijo que no sólo se trata de unos cuántos funcionarios, sino “es todo un sistema es el que se pudrió” y ante esa situación varios organismo internacionales podrían ofrecer su ayuda técnica para atender casos de alto impacto; sin embargo, el gobierno tratará de impedir que expertos internacionales lleguen a México.
“Va a hacer todo lo posible, con toda la cantidad de pretextos, para que ya no vengan expertos internacionales, lo cual es peor para ellos, desde el punto de vista de imagen pública externa. Están cada vez en con una imagen terrible, y lo preocupante es que no les importe”, agregó Esteva.
