Durante el informe de actividades 2015 sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer que “en los centros de detención, internamiento y custodia del país persisten prácticas violatorias a los derechos humanos”, los cuales van desde “las pésimas condiciones en sus instalaciones, escasa o nula alimentación, sobrepoblación y hacinamiento e incomunicación, hasta internos con funciones de autoridad, imposición de sanciones disciplinarias extremas y denuncias por actos de tortura y tratos crueles e inhumanos”.
El documento, que se entregó con varios meses de atraso, la CNDH, mencionó que existe una “enorme necesidad de combatir estas prácticas. Erradicar la tortura es uno de los grandes desafíos que tiene la defensa de los derechos humanos; por ello, todos y cada uno de los esfuerzos que se realicen son importantes, por lo que resulta primordial considerar la prevención para actuar con mayor eficacia en contra de este flagelo’’, aseguró el organismo nacional.
A lo largo de 193 cuartillas, se presenta un desglose sobre las visitas iniciales a lugares de detención e internamiento de siete entidades del país, y a otras más en seguimiento, con lo cual este mecanismo preventivo cubrió ya instalaciones de todos los estados.
Aun cuando existen distintas observaciones, se observa una constante en los reportes iniciales de los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, realizadas en 2015, con las practicadas en el resto del país en los años anteriores.
Por lo que en una lista de acciones se detallan las violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la protección de la salud, a la integridad de personas y garantías a los grupos vulnerables, que son derechos fundamentales que revisa el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) en los centros de detención e internamiento.
Ahí mismo, se explica que, hubo autoridades de estas siete entidades federativas que tuvieron visitas iniciales del personal de la CNDH, quienes declararon que “en caso de saber de alguna denuncia de tortura o malos tratos, no realizarían acción alguna, mientras hubo otros que señalaron que únicamente informarían de tales hechos a sus superiores’’, por lo que el organismo nacional llamó a los gobiernos a “impartirles capacitación, pues por ley están obligadas a abrir una averiguación previa”.
De acuerdo al informe, en todo el país existen alrededor de 5 mil lugares que albergan a personas privadas de la libertad, tales como prisiones, separos de seguridad pública, instituciones siquiátricas, centros de internamiento para adolescentes, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público y fiscalías.
Entre 2007 y 2015, la CNDH informó haber realizado un total de 4 mil 104 visitas a este tipo de lugares –586 tan sólo durante el año del reporte–, en las que “se aplicó una decena de guías de supervisión en estándares nacionales e internacionales, a fin de evaluar un enfoque preventivo de prácticas que pudieran derivar en casos de tortura o de maltrato, además de entrevistas con autoridades, internos e inspección de los sitios, así como la revisión de protocolos”.
