(02 de marzo, 2015).- En su informe sobre “la situación de Derechos Humanos”, en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó un apartado que expone “ataques contra la libertad de expresión”, como asesinatos, agresiones y detenciones de periodistas.
Puntualizando en el Aristegui-MVS; “en el 2015, se presentaron otro tipo de afectaciones a la prensa que permiten observar la existencia de un contexto complejo para el ejercicio periodístico, no solo por el riesgo de agresiones y amenazas sino también por episodios como el ocurrido con la periodista Carmen Aristegui, quien puso en descubierto un caso de presunta corrupción que involucraba a altas autoridades en la compra de una lujosa casa utilizada por el Presidente de la República.
Luego de esa y otras investigaciones, la periodista y su equipo fueron cesados por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato, incluso cuando las mediciones indicaban que su programa tenía una alta audiencia. La empresa MVS alegó que Aristegui y su equipo habían utilizado la imagen y la marca de la prensa para fines no autorizados, en ocasión de adherir a la plataforma Mexico Leaks, destinada a conseguir información de fuentes confidenciales”.
Con esto la CIDH indica en su informe que “en el contexto de impunidad generalizada que existe, los crímenes contra periodistas no son la excepción”. A su vez se afirma que “en un contexto de constantes agresiones a la prensa transmiten el erróneo mensaje de la inexistencia de sanciones para quien agrede a ésta, dejando desprotegidos a periodistas y comunicadores”.
También establece que “los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, constituye el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.
Es por ello, refiere, que en muchos casos los periodistas optan por la autocensura. Así puntualiza que “la Comisión ha señalado que la violencia contra periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no solo afecta la voz de estas personas, en particular al violar su derecho a la libertad de expresión, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera pacífica y libre”.
