(05 de febrero de 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El ataque contra periodistas cada vez se vuelve un asunto cotidiano en el país. Tan sólo en menos de una semana, cuatro reporteros fueron amenazados en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y el Distrito Federal.
Oaxaca 30 de enero
En el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, el periodista Bartolo Estrada Campechano, fue objeto de amenazas verbales el viernes 30 de enero, cuando documentó un accidente automovilístico que protagonizó Jorge Carreño Castillo, director de Proyectos Agropecuarios del Ayuntamiento.
“Este Funcionario y otra persona que lo acompañaba amenazaron con romperme la madre si publicaba las fotografías del choque”, informó Estrada Campechano, entrevistado por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
Veracruz 1 de febrero
La noche del pasado domingo Verónica Huerta Aburto, reportera de la agencia Avc Veracruz y de Grupo Radio Fórmula, llegó a su casa y activó la grabadora de su teléfono para escuchar los mensajes y uno de ellos casi la paraliza.
Procedente de un número desconocido para ella, el mensaje decía a la letra: “Después del Moisés sigues tú perra, te estamos checando”.
Como se trataba de la tercera amenaza, aunque esta última directa, Verónica interpuso una denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.
Atrapada por el temor, puso al tanto también a otras instancias gubernamentales, como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) que preside Jorge Morales, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En estas dos últimas dependencias le dijeron que no podían proceder hasta que se formalizara la denuncia.
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Chihuahua 4 de febrero
Moisés Villeda Rodríguez, periodista del diario “El Mexicano” y conductor de radio, pidió asilo político a Estados Unidos porque recibió amenazas de muerte que, asegura, provienen del Gobierno de Chihuahua.
Las amenazas, dijo, surgieron a partir de un trabajo periodístico en el que denunciaba irregularidades entre grupos de poder, autoridades estatales y criminales del narcotráfico.
El periodista fue amenazado por vía telefónica y por la red. También le dejaron un gato descuartizado con una leyenda que decía “¡Bájale!” en las oficinas de la estación de radio Activa 1420, del Grupo Mega Radio, donde es conductor en un espacio de opinión política.
“Me dijeron que le bajara, que sabían dónde vivía e iban a rafaguear mi casa y a matar a mi familia”, dijo el reportero, de más de 30 años de trayectoria.
Distrito Federal 4 de febrero
En tanto, en el Distrito Federal, la reportera de Grupo Imagen, Yohali Resendiz, recibió nuevamente amenazas a través de la red social Twitter, donde le advirtieron que revelarán información sobre su geolocalización y patrones del uso de internet.
El pasado 14 de enero, la reportera fue amenazada de muerte y sus agresores revelaron datos personales, que obtuvieron de manera indebida.
Reséndiz, quien cubre los temas violencia contra mujeres y maltrato infantil, interpuso una denuncia penal ante la FEADLE, pero hasta el momento “no hay avances en las indagatorias”, dijo a Artículo 19.
El país más peligroso para la prensa
Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) han denunciado que, en sus más de dos años de existencia, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos sólo se ha dado a conocer por su ineficiencia, lentitud al actuar, además de la falta de sensibilidad de los funcionarios que la rigen.
Los organismos han recopilado muchas fallas en las medidas de seguridad que otorga dicho organismo. Para destacar son: la poca funcionalidad en satélites y botones de pánico, alarmas en domicilios que se activan sin que las autoridades respondan e incluso policías que tardan varias horas en atender un llamado de emergencia.
“Lo peor es que los crímenes ocurren en un contexto donde el gobierno ha desplegado un esfuerzo para desacreditar y criminalizar a los defensores y organizaciones de derechos humanos”.
Afirman que “el mensaje preocupante de que el gobierno no respeta ni reconoce el trabajo valioso de los defensores de los derechos humanos”.
Señalan también que México continúa siendo “uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas”. Y lamentan de sobremanera que las investigaciones que iniciaron tras la agresión a periodistas y defensores de derechos humanos “no han avanzado” mientras sus crímenes siguen impunes.
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