(18 de noviembre, 2013).- En promedio, 226 mujeres al año son criminalizadas en México por aborto –espontáneo o inducido– de acuerdo con lo documentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Los casos de Paola y Nicolasa del Estado de México, de Ana en Baja California y de Hilda en San Luis Potosí ejemplifican cómo las mujeres son criminalizadas en las instituciones de salud, humilladas en los medios de comunicación y abandonadas por un sistema de justicia que las condena antes de comprenderlas.
Aunque han pasado seis años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, su efecto fue contrario a lo esperado: hubo un movimiento conservador en 17 de los 31 estados del país que se apresuró a que sus constituciones locales le dieran carácter jurídico al embrión y protegieran la vida desde la concepción.
Los procesos judiciales de Paola, Nicolasa, Ana y –hasta hace unos meses– Hilda , dan cuenta a través de sus espacios y sus palabras como se vulnera la confidencialidad entre paciente-doctor, se criminaliza a la mujer, se incomunica de su familia y se le somete a un gravamen económico y emocional al que la familia debe hacer frente.
Regina Tamés, directora del Gire, resume la tendencia “todos estos casos cumplen un patrón: mujeres de bajos ingresos, con poco acceso a la información, acusadas por el personal hospitalario, obligadas a autoincriminarse y carentes de un debido proceso”.
