(23 de octubre, 2013) “El Estado mexicano sigue sin tener la voluntad de salvaguardar los derechos humanos” dijo Alejandra Nuño, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), quien se refirió al informe presentado por la comisión mexicana en el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, donde “no hay un reconocimiento de la gravedad de la situación actual del país”: 100 mil muertos, 25 mil desaparecidos.
Hace cuatro años, la última vez que México fue evaluado, rechazó las recomendaciones encaminadas a frenar la emergencia humanitaria -calificada así por el informe conjunto presentado por las organizaciones de la sociedad civil al EPU- referentes al fuero militar, la figura del arraigo, y la ambigua definición de crimen organizado. “Los países retoman temas que México quiere ignorar y que en el plano internacional son visibles: como la militarización y la impunidad” apunta Nuño ante la sistemática negación de un contexto de violencia en el país por parte del Estado.
El hilo conductor del grueso de las recomendaciones retomó la impunidad: a través del fuero militar como tribunales que “no garantizan ni la independencia ni la transparencia y, por ende, es imposible que impartan justicia” refirió José Rosario Marroquín, director del centro Prodh; la tortura, su falta de tipificación; la vulnerabilidad de las zonas militarizadas, y la falta de garantía para que tanto defensores de derechos humanos como periodistas desempeñen su trabajo. “Temas históricos”, los llamó Nuño.
La actitud de la representación mexicana -compuesta por más de 30 políticos y encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores- presentó “una lista de los avances, sin contexto y sin referencia a las recomendaciones que se le hicieron durante la última evaluación” dijo Agnieska Racynska, secretaria técnica de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT).
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron una falta de avances concrtetos en la materia: no hubo números ni alcances presentados para justificar los avances que la representación mexicana expuso en la EPU.
“La reiteración de recomendaciones, lo que muestra es un nulo avance en derechos humanos en el país” concluyó Areli Sandoval, defensora de derechos humanos en el estado de Puebla.
El viernes 25 de octubre México, recibirá por escrito la compilación de las recomendaciones vertidas en el EPU y tendrá hasta marzo para fijar su postura.
