(08 de abril, 2015).- Tras la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Tortura (Conapred), Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, expresó su desacuerdo con el relator de la Naciones Unidas, Juan Méndez, ya que según el mexicano, en el país hay tortura pero no generalizada.
González Pérez informó que según las cifras que tiene la CNDH no es posible catalogar a la tortura como una práctica generalizada en México, contrario a lo manifestado por el relator de la ONU en su informe publicado en días pasados. Éste, asegura que la tortura sí es generalizada en el país, y tras ello las reacciones del Estado mexicano no tardaron en descalificar a Méndez tildándolo de poco ético y profesional. Ahora se suma también el presidente de la CNDH.
El ombudsman nacional añadió que tampoco está de acuerdo con los señalamientos del relator sobre la generalización del trato inhumano y degradante de las autoridades mexicanas. Sin embargo el informe presentado por Juan Méndez, se apoya en un reporte de la CNDH sobre la recepción de “11 mil 608 quejas entre el 2006 y 2014”, así, el relator de la ONU se apoyó en gran medida en la información proporcionada por el organismo de derechos humanos, para documentar todos aquellos casos relacionados al maltrato de menores de edad y de mujeres en centros de readaptación social.
El contraste es evidente en las declaraciones de Gónzales Pérez toda vez que los elementos proporcionados por la CNDH influyen en gran medida los resultados del informe del relator de la ONU para concluir que la tortura es generalizada en México. A pesar de ello, el ombudsman nacional instó al gobierno mexicano a atender las recomendaciones de Méndez para “prevenir la tortura y para que se corrija cuando se de”.
Sobre el acuerdo de colaboración entre el Conapred y la CNDH, ambos organismos informaron que los sectores más vulnerables a la discriminación y violación a sus derechos humanos son: los indígenas, migrantes, deportados, discapacitados, jornaleros agrícolas y minorías sexuales, religiosas o culturales.
El convenio incluirá apoyo técnico entre ambas instituciones para realizar estudios, análisis y diagnósticos sobre las prácticas discriminantes en el país.
