(09 de diciembre, 2014).-Las críticas a la propuesta peñanietista sobre seguridad pública e instituciones policiales ha recibido una serie de críticas desde su lanzamiento el pasado primero de diciembre; algunas en torno a la nula innovación de su estrategia y otras, sobre la centralización de los mandos policiales que podrían desembocar en escenarios más plausibles para la violación de derechos humanos.
A pesar de recibir de manera positiva la propuesta del ejecutivo federal, la asociación civil Insyde señaló que existen “profundos desequilibrios del pacto federal” que impedirían su correcta aplicación, precisando entre otras cosas, que la propuesta del ejecutivo federal se da entre amplias fallas sustantivas del Estado mexicano, generando un escenario en el que sugiere, no debe aprobarse esta iniciativa.
Este lunes, El Instituto para la Seguridad y la Democracia AC-Insyde llamó “a evitar cualquier intento de aprobación inmediata de la propuesta, sin mediar un debate serio, amplio, incluyente e informado”, pues lamentó, en especial, que la propuesta de Enrique Peña Nieto no haga mención alguna sobre el conflicto de la policía con los derechos humanos y su avanzada militarización, “fenómenos con implicaciones especialmente graves”.
Insyde precisó en su balance sobre la iniciativa de reforma constitucional enviada al Senado de la República el pasado primero de diciembre, que ésta en el fondo pretende crear “‘un nuevo sistema policial’ basado en el mando único estatal [que] ofrece la ‘mejora sustancial de la procuración e impartición de justicia’ mediante la redistribución de competencias penales y promete neutralizar la cooptación criminal del municipiomediante su posible disolución”.
No obstante, la organización de carácter autónomo, insistió en una serie de fallas de la iniciativa, uno de ellos, la inexistencia absoluta del concepto de derechos humanos en el texto.
“No se entiende bajo qué argumento podría ser válida la desvinculación, cuando justamente desde la seguridad pública y justicia penal se producen muchas de las más graves y frecuentes violaciones a los derechos humanos”.
Por estas razones, Insyde se pronunció por los que consideró “altos riesgos” en la misma, que pueden tener como consecuencia el uso de la fuerza y restricción de libertades en ambientes institucionales sin controles democráticos efectivos.
A través de una lista, Insyde llamó la atención sobre el desconocimiento en la propuesta sobre la urgencia de diseño e implementación de un nuevo modelo policial moderno y democrático en los tres órdenes de gobierno, precisando que “el proyecto camina en contra de la relevancia de la focalización y la proximidad en materia de seguridad ciudadana […] al tiempo que desconoce que el núcleo de seguridad en democracia está en desafío de que la autoridad mantenga una relación cercana con la comunidad”.
En cuanto a la erradicación de la corrupción policial, añadió que esta propuesta no tiene fundamento empírico alguno, por el contrario, los mandos policiales mexicanos “están especialmente lejos de la rendición de cuentas y el mando único puede debilitar aún más cualquier posibilidad de establecer contrapesos internos y supervisión externa efectivos”.
El debate abierto sobre la erradicación de las policías municipales también fue abordado por Insyde, quien distinto a lo mencionado por Enrique Peña Nieto sobre la necesidad de eliminarlas, la investigación de la organización arrojan un panorama diferente; no se ha analizado el papel de éstos elementos de seguridad.
“La iniciativa refiere que alrededor de 1,800 instituciones policiales municipales representan el 32% del total del policías en el país, pero no incluye el análisis del servicio que esas policías ofrecen a las comunidades. Insyde no conoce informe alguno del SNSP que haya indagado sobre esto. En otras palabras, se propone cerrar las puertas de instituciones cuyo desempeño real y cotidiano quizá jamás se ha evaluado a profundidad”.
A pesar del panorama de la organización, ésta insistió en que se deben revisar y transformar las políticas públicas mexicanas en materia de seguridad pública y sus instituciones policiales ante lo que llamó una evidente crisis de gobernabilidad democrática asociada a la inseguridad y la violencia.
Razón por la cual, dentro de las fallas de la iniciativa, a decir de Insyde, el ejecutivo federal no cuenta con un análisis que valide la centralización incluso en términos presupuestarios, además de un impacto “potencialmente devastador en contra de las urgentes políticas de prevención del delito y la violencia integrales, coordinadas y efectivas como en el caso de la búsqueda de dar al municipio la atribución de la “prevención no policial”.
La organización civil aseguró que la debilidad policial es en el fondo una representación de la manipulación de la clase política sobre ella.
Por último, insistieron en exhortar a Enrique Peña Nieto y al Senado de la República a la convocatoria de un debate serio, amplio, incluyente e informado respecto al tema, que lleven a una profunda reflexión.
