Este viernes en Puebla se dio un paso más para recuperar el agua que Rafael Moreno Valle privatizó, pues los regidores de la Comisión Transitoria del Agua del ayuntamiento aprobaron el dictamen que revoca el título del a concesión a la empresa Concesiones Integrales SA de CV.
El dictamen está conformado por ocho puntos, entre los que destaca el respeto al artículo 115 Constitucional, para que el ayuntamiento de Puebla garantice la rectoría pública de la administración del suministro del líquido.
Asimismo, se solicitaron auditorías por parte de la Contraloría Municipal y del Estado, así como de la Auditoría Superior de la Federación, al proceso de licitación de la privatización del servicio del agua,, a la operación de venta de los terrenos que forman parte de la planta de tratamiento de San Francisco, al uso de recursos públicos federales en obras efectuadas por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y créditos obtenidos por este organismo, entre otros.
De igual manera, según información de La Jornada Oriente, se instruyó a la Secretaría General del ayuntamiento para que el dictamen se envíe el Congreso del estado. El dictamen será sometido a votación en la sesión extraordinaria de cabildo este martes, para luego ser turnada al Poder Legislativo.
Lo anterior tras una investigación realizada por la regidora con licencia Rosa Márquez con la asesoría de un grupo de especialistas entre ellos Francisco Castillo Montemayor.
Cabe mencionar que la panista Agusta Díaz de Rivera, buscó dar dos años de gracia a la empresa Concesiones Integrales para después nuevamente evaluar su desempeño. También fue señalada de intentar boicotear el proceso de revocación del título de concesión a la compañía que encabezan los consorcios Agua de México, Epcor y Ticsa, por medio de la familia Hank González, tras el enfrentamiento que sostuvo con el ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor.
La integrante fundadora de la Asamblea Social del Agua (ASA), María Eugenia Ochoa, dijo que tras cinco años de lucha para revocar el título de la concesión, la aprobación de dicho dictamen es un paso más para la desprivaticación del agua en Puebla.
Por su parte el activista Manuel Bravo, trabajador rescindido del SOAPAP y miembro del Frente en Defensa del Derecho Humano al Agua y en contra de la Privatización, consideró que faltó exigir la renuncia del director del Sistema Operador, Gustavo Gaytán Alcaraz.
Lo anterior al señalar que el tiene la documentación que los puede inculpar de un posible fraude o desvío de recursos; no obstante consideró que mientras el siga al frente del organismo difícilmente se podrá escudriñar a fondo el tema.
Por ello se realizarán una serie de protestas para lograr que este “personaje que impuso el morenovallismo” sea removido del cargo.
Gerardo Pérez Muñoz, del Colectivo “Hermanos Serdán”, reclamó que la auditoría al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla debe ser integral, desde la administración de Melquiades Morales Flores.
Cabe recordar que este proyecto de privatización del agua, fue impulsado por el ex gobernador Moreno Valle en mayo de 2013, sin embargo se retrasó su implementación durante cinco meses ante la decenas de amparos que se tramitaron, al considerar la propuesta como inconstitucional.
Las funciones del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla fueron asumidas por las empresas Agua de México, Epcor y Ticsa, quienes ganaron la concesión del suministro del agua por 30 años.
ccca.
