Banner: Alejandra Alanis
(17 de mayo, 2015).- Las movilizaciones emprendidas en Guerrero por simpatizantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), continúan poniendo en jaque el gobierno del estado y amenazan con emprender acciones para boicotear el proceso electoral que llegará a su fin en tres semanas, cuando la población mexicana acuda a las urnas a emitir su voto.
Las manifestaciones de la CRAC no son nuevas, pero se han hecho más constantes a raíz de varios hechos en particular; a finales del pasado abril, ocho simpatizantes de la organización murieron en un enfrentamiento con agentes estatales y federales cerca del municipio de Ometepec, en la carretera que conecta a la comunidad de Igualapa.
Tras la refriega fue detenido Eliseo Villar Castillo, uno de los dirigentes más visibles de la Coordinadora Regional en San Luis Acatlán y en la zona de la Costa Chica. Villar fue trasladado al penal de Villa Aldama.
Días después del enfrentamiento y la detención del dirigente, simpatizantes de la CRAC denunciaron que uniformados de la policía estatal habrían ejecutado a varios de sus compañeros y afirmaron que la detención de Villar Castillo se había dado de manera arbitraria, y con el objetivo de restar fuerza a la organización y debilitarla para terminar por desmantelarla completamente.
En una conferencia de prensa que los simpatizantes de la CRAC ofrecieron en la Ciudad de México, amenazaron con emprender acciones para boicotear las elecciones si su dirigente no era dejado en libertad antes de la jornada electoral.
En días pasados, varios simpatizantes de la Coordinadora Regional en la zona de Tlapa decidieron reactivas las manifestaciones y como parte de ellas instalaron varios bloqueos en carreteras para exigir al gobierno la liberación de Nestora Salgado García, fundadora de la policía comunitaria de Olinalá, quien se encuentra detenida desde agosto de 2013 acusada de secuestro, y quien a principio de mes decidió iniciar una huelga de hambre.
Las movilizaciones ya han tenido impacto en el desarrollo de las campañas por la gubernatura del estado. La candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica se vio obligada a suspender al menos dos actos proselitistas en la Costa Chica a raíz de las protestas y amenazas de boicot a los mismos que simpatizantes de Nestora Salgado anunciaron, en coordinación con el Movimiento Popular Guerrerense.
Pero las movilizaciones de las CRAC no son la única preocupación del gobierno de Guerrero, quien ha estado en la mira de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre del año pasado a manos de integrantes de la policía de Iguala y Cocula, en complicidad con el crimen organizado.
Las manifestaciones de los profesores simpatizantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se han hecho cada vez más frecuentes y han escalado en intensidad.
En tanto, la semana pasada un grupo de hombres armados con presuntos vínculos con el grupo criminal Los Ardillos, tomó el palacio municipal de Chilapa, instaló retenes en los accesos a la población y recorrieron las calles aún con la presencia de elementos del Ejército mexicano, gendarmes, policías federales y estatales en la zona.
Tras la salida de los hombres armados de la comunidad, misma que se pactó con mandos castrenses, los habitantes de la población denunciaron que al menos 16 de sus vecinos fueron secuestrados; sin embargo las autoridades federales no han confirmado o desmentido esta información.
En la misma comunidad, fue asesinado el pasado primero de mayo Fabián Quiroz, candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
