(11 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Jubilados, pensionados y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que con la reciente reforma “estructural” en materia laboral y los cambios a su contrato colectivo de trabajo, el gobierno federal pretende desmantelar la institución de salud y privatizar el servicio, no dejando otro remedio a la ciudadanía que la necesidad de acercarse a médicos y hospitales particulares en la búsqueda de atención médica.
En un foro para analizar la situación laboral de los trabajadores del IMSS, organizado por el grupo parlamentario de Morena, el legislador Gerardo Villanueva Albarrán señaló que se deben perfeccionar los modelos sociales sobrevivientes en México y “el trabajador no puede seguir siendo la víctima de este sistema neoliberal y el régimen que encabeza el grupo que nosotros denominamos mafia, pues únicamente ve por sus intereses, olvidándose del interés general”.
Antecedentes de antaño, repercusión cotidiana
Martha Medina Gómez, enfermera desde hace más de 24 años del instituto, denunció que día a día se siguen cometiendo irregularidades por parte de altos mandos de la dependencia, impactando negativamente en más de 410 mil trabajadores activos de base y confianza, 200 mil de jubilados y pensionados, así como millones de derechohabientes del IMSS.
“Llegan los años 80 y con ellos una amenaza, una maldición llamada neoliberalismo trayendo consigo una serie de personajes enmascarados; unos como funcionarios del instituto y otros como sindicalistas, con la firme idea de deteriorar las conquistas laborales”, recuerda la espigada enfermera de pelo corto que mueve graciosamente las manos para dar mayor énfasis a sus palabras.
“Desde hace 12 años con la llegada del gobierno panista y, primero de Molinar Horcasitas y después Daniel Karam al IMSS, Javier Lozano Alarcón a la Secretaría del Trabajo y el tristemente célebre Valdemar Gutiérrez Fragoso y Manuel Vallejo Barragán al sindicato, se inició el perverso desmantelamiento del IMSS y de su sindicato, que ha sido secuestrado por un grupúsculo que, al cobijo de esos personajes políticos, hicieron uso del poder”, recuerda la enfermera ataviada en una blusa blanca, que cada vez levanta más su tono de voz para que sus interlocutores entiendan que son datos importantes.
Los ya citados personajes políticos tuvieron la impunidad como pago por el “servicio” al instituto que incluyó la entrega del contrato colectivo y el derecho a la salud de los mexicanos, dice Medina; pero quien mejor se posicionó fue Vallejo Barragán, exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y hoy flamante candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a diputado federal por la vía plurinominal, a pesar de tener varias demandas en su contra de orden civil, laboral y penal.
La mujer de tez clara y cabello rojizo recuerda que en mayo de 2012, el entonces diputado federal Francisco Hernández Juárez presentó una denuncia penal contra el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, acusándolo de malos manejos y desvío de recursos que generó un quebranto millonario a la institución, sin que hasta ahora haya avances en la investigación.
Fraudes administrativos, nepotismo, intimidación y terrorismo sindical e institucional, son algunos de los delitos que viven los trabajadores del instituto, y a los que la enfermera califica de intolerables e insoportables, luego de que los dirigentes del sindicato y del IMSS, argumenta, han violado no sólo los estatutos y el contrato colectivo de los trabajadores, sino la Ley Federal del Trabajo, además de los más mínimos derechos humanos de los trabajadores.
“Ahora, llamados disidencia, hemos realizado todo lo legalmente disponible para recuperar la legalidad del sindicato, hemos tocado todas las puertas a nivel nacional e internacional y hemos esperado vagamente a que nuestro esfuerzo dé sus frutos, sin embargo, vemos la insensibilidad de quienes administran los bienes del pueblo, en este caso el director del IMSS y el Consejo Técnico”, señala la enfermera, quien pide a sus compañeros no perder la esperanza, antes de exigir que se respete el contrato colectivo de trabajo del instituto.
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Politización laboral, argumento contra ofensiva capitalista
Abraham Cano Alarcón, abogado del Centro de Defensa e Investigación Laboral y Derechos Humanos, así como defensor de los trabajadores del sindicato del IMSS argumentó: “un trabajador que no ve la necesidad de saber lo que pasa en el contexto nacional e internacional, está prácticamente atado de pies y de manos, porque no entiende las inercias políticas”, de ahí la necesidad de que la población trabajadora esté lo más informada posible.
Cano sostiene que hay una ofensiva contra los trabajadores que data de 1980, a partir de las políticas públicas capitalistas centradas en la entrega de las conquistas laborales, los contratos colectivos, la administración de los recursos de los empleados a través de las Afores, la precarización y flexibilidad del empleo instrumentadas a través de las recientes “reformas estructurales”, en particular la energética, laboral y educativa.
“Las reformas estructurales van orientadas a la entrega al capital extranjero…son el parteaguas para atacar a los trabajadores…de ahí la lucha de los médicos, la lucha de las enfermeras y los compañeros de intendencia; se siguen entregando los servicios a la iniciativa privada para hacer de la salud un gran negocio”, dice el defensor mientras se pasa ambas manos por la cara y confiesa que ha dormido poco, pues acaba de estrenarse como padre.
Sostiene que la labor fundamental de los trabajadores es retomar sus órganos de lucha y la organización sindical: “¿qué diferencia habría si después de la reforma energética tuviéramos un sindicato de trabajadores petroleros combativo, con una dirección que no fuera charra?, ¿qué pasaría con todas la reformas si tuviéramos un sindicato del Seguro Social combativo y democrático?, cuestiona Cano.
“El problema central de la entrega de la salud como negocio y para servicio privado, deriva de todas las reformas que se han dado al Seguro Social, al ISSSTE y en general, con la universalización de las pensiones”, agrega.
En el IMSS en particular, la reelección de Valdemar Gutiérrez Fragoso, incluso con la violación a los estatutos sindicales, suponía el control de la organización gremial por lo menos hasta 2018, tiempo en el que podrían concretarse la entrega de la seguridad social en manos de la iniciativa privada.
“Hemos podido demostrar en un laudo la nulidad de la toma de nota de Gutiérrez Fragoso, lo que está en juego es la nulidad del congreso 49…tenemos casi cinco años llevando el juicio en el que se han emitido cuatro laudos y cinco amparos, afortunadamente todos ganados. Hemos podido revertir la negación al más elemental acceso a la justicia”, recuerda el también activista sobre el largo proceso que aún quita el sueño a los trabajadores del IMSS.
Sin embargo, la situación de los jubilados y pensionados del instituto no se ve tan prometedora como el juicio, pues no son reconocidos como parte del sindicato a pesar que existe jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se señala la diferencia entre el término de la relación de trabajo y el hecho de que sigan siendo afiliados al sindicato.
Informó que actualmente hay en proceso una denuncia en ese sentido, cuyo objetivo principal es hacer que los trabajadores sean parte integral y democrática de su sindicato después de haber dado tantos años de servicio.
“Sólo los trabajadores organizados, con sus métodos de lucha, de movilización, con las huelgas, podrán hacer un cambio en el país y retomar sus organizaciones, si no lo hacen creo que daremos un paso atrás”, concluyó el abogado.
Con Cano coincidió Arturo Salazar, representante del movimiento de trabajadores sindicalizados, quien sostiene que es primordial socializar la información para que todos los miembros del sindicato sepan exactamente de los derechos que tienen como agremiados y que en muchas ocasiones, no saben cómo aplicarlo.
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“Están esperando a que nos pasen al Apartado B para acabarnos de tajo”
Ramón Castañón, vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del IMSS fue categórico en su opinión del desmantelamiento del IMSS con el objetivo de convertir a la salud en un negocio privado: “al gobierno no le importa la ley, no le importa la Constitución, prueba de ello es que a mis compañeros activos los están mandando al Apartado B, que ni siquiera está reglamentado, y que implica la destrucción del contrato colectivo de trabajo”.
El trabajador argumentó que los tribunales a los que se ha acercado el movimiento no resuelven los asuntos legales que se les presentan, pues “están esperando a que nos pasen al Apartado B para acabarnos de tajo…pero no nos damos cuenta que si comparamos la ley de 2012 con la nueva, ya nos robaron el Seguro Social a los trabajadores y ciudadanos”.
Denunció las irregularidades que se registraron mientras Vallejo Barragán permaneció al frente del SNTSS y la indiferencia con que trató a los sindicalistas cuando le expusieron la reducción, sin aparente causa, de su prima de antigüedad, solicitud que nunca fue contestada por el líder sindical, “¿sabe por qué?, porque se confabuló con el Seguro Social y se robaron el fondo de pensiones porque presupuestan 50 días, pagan 12 y se quedan con el resto”.
“Sólo de la oposición podemos obtener beneficios, de otra manera no se puede…estamos a punto de perder el patrimonio que nos hemos forjado a través de muchos años, nosotros somos los únicos que podemos cambiar esta situación…hay que unirnos, el trabajador merece respeto”, concluyó Castañón.
Migración de enfermeras = crisis en hospitales
“Los sistemas de salud se ven cada vez más presionados frente a un número creciente de necesidades de salud y de limitaciones financieras…atravesamos una crisis de recursos humanos, en específico de enfermeras, lo que provoca que tengan que buscar mejores condiciones laborales fuera del país”, denunció Gloria López Mora, coordinadora del Colegio de Enfermeras en Veracruz.
Y es que además del bajo índice de profesionales en la materia, las enfermeras tienen que enfrentarse a otro grave problema: la asignación de plazas a modo sin importar las capacidades profesionales de los trabajadores, en beneficio de familiares de altos mandos.
Aunado a esto, la concentración de personal médico en el Distrito Federal, es un hecho que repercute en la calidad de los servicios médicos en el interior del país, pues la Organización Panamericana de la Salud señala que por cada cama de hospital debe haber cuatro enfermeras, por cada médico tres enfermeras profesionales y por cada 10 mil habitantes 40 enfermeras profesionales.
Actualmente nuestro país tiene dos enfermeras por cama, una enfermera por cada médico, y 18 enfermeras por cada 10 mil habitantes.
El Distrito Federal concentra la mayor cantidad de profesionales, con 48 enfermeras por cada 10 mil, mientras que en el otro extremo está Michoacán, Chiapas y Oaxaca, con 13 enfermeras por cada 10 mil mexicanos.
Sin embargo, para López Montes lo más preocupante es el abandono de los hospitales de primer nivel: “todo se está vertiendo hacia hospitales de segundo y tercer nivel, es decir, los nosocomios especializados, mientras que a los de primer nivel, que son los que tienen el primer contacto con los pacientes, lo han dejado estancado”.
Menor financiamiento, supresión de contrato colectivo y baja calidad en los servicios, ruta para desmantelar al IMSS
Para Ismael Bautista, representante del movimiento de trabajadores del IMSS, el diagnóstico es más que obvio: nunca ha sido la intensión del gobierno de revisar, auditar o sancionar a los secretarios de Salud señalados de ser responsables de algún acto de corrupción o desvío de recursos en perjuicio de los trabajadores.
“Enrique Peña sigue protegiendo la impunidad en este país, por eso no hay ningún administrador del Seguro Social en la cárcel, eso lo tenemos que tener bien claro…hoy el vendaval sobre el instituto es inmenso pues para desmantelarlo, escogieron tres vías: el desfinanciamiento, acabar con el contrato colectivo, y desmantelar la calidad de los servicios médicos que el IMSS da a la mitad del país”, argumenta.
Hizo un llamado a sus compañeros sindicalistas para mantenerse unidos de cara a lo que pretende ser la privatización del sector salud, pues considera que la desprofesionalización de la enfermería y los abusos a los trabajadores de intendencia no son hechos aislados, sino un proyecto instrumentado para terminar con el sindicato y criminalizar la protesta social.
Bautista hizo un llamado a los diputados federales para que citen a comparecer a Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que explique por qué politizó el movimiento de los sindicalizados y por qué hay sanciones para, por lo menos, 10 mil trabajadores que se han organizado exigiendo sus derechos laborales.
También solicitó se cite a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al director del IMSS, José Antonio González Ayala.
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