(30 de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luis Ángel León Rodríguez, desapareció junto con seis compañeros de la Policía Federal y un civil el 16 de noviembre de 2009. Cuando se dirigían hacia Ciudad Hidalgo, fueron interceptados por sicarios del cártel La Familia Michoacana en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, desde ese día sus restos no han sido hallados aunque existen testimonios de criminales detenidos posteriormente que podrían confirmar la muerte de los agentes federales.
Este caso, que poco le ha importado a la misma institución policiaca, se convirtió en una lucha personal de Araceli Rodríguez Nava, madre del agente Luis Ángel León Rodríguez contra un gobierno federal que le niega, obstaculiza e impide la justicia para su hijo.
Durante siete largos años Araceli Rodríguez lejos de tener el apoyo de la Policía Federal, a la cual su hijo ofrendó su vida, ha combatido la criminalización de su caso, el desde y hasta las amenazas de las mismas autoridades que deberían investigar la desaparición de Ángel.
El último golpe bajo que recibió las autoridades provino de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la Procuraduría General de la República (PGR) la cual anunció en febrero de este años que los delitos que pudieron haber cometido servidores públicos por comisión u omisión en este caso prescribieron.
Casos como el de Ángel forman parte de la campaña “No Olvidamos” impulsada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) a finales de junio de 2016, a un mes de su lanzamientos los activistas hacen algunas reflexiones sobre la situación de los desaparecidos en México.
Desaparición siempre al alza
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos México señala que durante los últimos diez años México entró en una grave crisis de derechos humanos producida principalmente por la estrategia de seguridad planteada en el combate a la delincuencia organizada que inició con Felipe Calderón y prosigue el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sobre el tema Lucía Guadalupe Chávez Vargas, directora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción y de los Derechos Humanos, detalló a Revolución TRESPUNTOCERO algunos datos que revelan la magnitud de una tragedia que ha cobrado 28 mil 161 víctimas desaparecidas -según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas- contra solo siete sentencias obtenidas por este delito
“El INEGI indica alrededor de 92% de delitos no denunciados en la Encuesta de Victimización. Pero sabemos que hay falta de confianza en las autoridades o incluso temor. Si a esto se suma que el delito pudo haber sido cometido por las mismas autoridades es más complicado aún denunciar.
“En el caso de la desaparición forzada debemos sumar un contexto de impunidad generalizada en el país. La PGR tiene alrededor de 200 denuncias de desaparición forzada registradas desde 2006 al último día de 2014, de las cuales solo hay siete sentencias.
¿Qué significa lo anterior? Que si una persona es desaparecida tiene el 8% de probabilidades de que denuncie, si lo hace tiene menos de 1% de lograr una sentencia condenatoria.
El análisis de la CMDPDH precisa que las principales barreras para denunciar un caso de desaparición es la criminalización , la estigmatización de la víctima directa, así como la subsecuente criminalización de los familiares que buscan hacer justicia.
Lucía Guadalupe Chávez Vargas explica que la desaparición forzada de personas en México tien dos periodos históricos fácilmente identificables: uno la llamada “Guerra Sucia” de la década delos 60’s a los 80’s, otro el 11 de diciembre de 2006, con el anuncio del Operativo Conjunto Michoacán.
Chávez Vargas refiere que a diferencia de lo que se vivió durante las desapariciones forzadas en la “Guerra Sucia” donde se cometían con motivos políticos, hoy en día se extiende prácticamente a todos los sectores de la población.
“Personas sin alguna militancia social o política están siendo víctimas de desaparición forzada, las causas y razones no son claras pues las hipótesis van desde la eliminación de la oposición política hasta fundar el miedo para controlar ciertos territorios cuyos intereses económicos son amplios, desde el control de rutas del narcotráfico, la trata de personas, y el despojo para la implementación de proyectos de infraestructura e inversión a lo largo del país. Lo que sin duda persiste, es la impunidad en los casos de miles de personas desaparecidas y la ausencia de investigaciones exhaustivas encaminadas a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas”, puntualizó la investigadora.
Gobierno de EPN tiene miedo a reconocer la situación
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México en octubre del 2015, señaló que “para ser un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito.
“Desde 2007, hay al menos 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”.
Aunque la ONU no es el único organismo internacional que ha señalado las graves violaciones a los derechos humanos que persisten en México –Amnistía Internacional y decenas de ONG’s locales también las han documentado- en opinión de Lucía Chávez, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene miedo a reconocer este problema estructural.
“El miedo al reconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada por los organismos internacionales sumado a la impunidad generalizada lo vuelven un tema complejo para el gobierno federal en términos de responsabilidad internacional. Pareciera que lo que están haciendo es negar la situación y dejar de tomar acciones para que a nivel internacional no se evidencie este grave panorama.
La estrategia de combate al crimen organizado que generó este tipo de violencia a gran escala y violaciones graves a derechos humanos se mantiene constante y va a la alza. Los números hablando de personas desaparecidas incluso van a la alza en el gobierno de Peña Nieto, no es que en el de Calderón no hubiera, sino que son más altos ahora.
“En una de nuestras investigaciones solicitamos a la Secretaria de la Defensa Nacional que nos informara sobre la estrategia que usó el gobierno de Calderón en combate al crimen organizado y lo que nos dicen es que no nos pueden dar la información porque sigue vigente”.
Sobre el tema de las fosas clandestinas la investigadora sostiene en sus documentos que la PGR informó que de 2007 a 2014 se registraron 161 fosas clandestinas en las cuales se encontraron 581 cuerpos, pero sólo han sido identificados 116 cuerpos.
Por su parte la SEDENA tiene un registro de 246 fosas clandestinas localizadas por personal militar en diversas entidades federativas del 4 de marzo de 2011 al 20 de febrero de 2014.
¿Por qué desaparecer y no solo matar? Es la pregunta con la cual termina Revolución TRESPUNTOCERO la entrevista, Lucía Chávez, responde, “si la ejecutas hay un cuerpo, si hay un cuerpo hay un homicidio y alguien es responsable de un delito. Si desapareces no hay cuerpo y es más difícil comprobar un delito de desaparición”.
