Por Misael Rojas / Revista Hashtag
“todos somos iguales, pero unos
somos más iguales que otros”
George Orwell. Rebelión en la granja.
(16 de junio, 2014).- Hace ya una semana desde que el Rey, Juan Carlos I de Borbón, abdicó al trono de la monarquía española en favor de su hijo, el príncipe Felipe VI. Horas después del discurso de abdicación, una gran cantidad de plazas del país ibérico se inundaron de manifestantes solicitando un referéndum para decidir el futuro del sistema político español. Aunque una parte de la población mantiene una opinión favorable a la conservación de la monarquía como forma de Estado de su país, otra parte importante, denominada como “izquierda radical” está dispuesta y desea ser consultada al respecto. Sin embargo, la participación activa de la población en las calles así como en el parlamento español no han tenido eco en el gobierno de Mariano Rajoy ni en los dos partidos políticos importantes, el Partido Popular y el PSOE, que han declarado como inoportuna e innecesaria la celebración del referéndum; como si la organización política de un país y el deseo de sus ciudadanos a decidir sobre el fueran de trascendencia menor.
Ante este panorama nos parece importante e interesante realizar algunas aproximaciones a las ideas que fungen como supuestos de la argumentación en contra del referéndum y que, por lo visto, es aquella que está imperando en los medios de comunicación, el parlamento y en el jefe de gobierno. Surge, pues, la intención de establecer una distinción entre la democracia apuntalada en 1978 por grupos políticos y el Rey, la necesidad de la unidad nacional que prevalece como punto central para nulificar la propuesta de un nuevo contrato social y el riesgo de inestabilidad que esta supone, como elementos argumentativos para desechar una propuesta de re-fundación de la democracia española. Características, más orilladas al conservadurismo que a una verdadera intención democrática.
El principal argumento de los detractores del referéndum radica en la ubicación histórica y utilización de la transición democrática que estuvo en manos de Juan Carlos I y Adolfo Suarez, presidente del Gobierno designado por el monarca en 1976. La transición es considerada como la etapa de transformación de las instituciones políticas así como el cambio de su sistema de gobierno que habían fungido y caracterizado a la dictadura franquista y que culminó con la elaboración y aceptación de la Constitución en 1978. Antes de ser sancionada por el Rey, la Constitución se puso a disposición de un referéndum nacional, 88.54% de la población estuvo a favor.
El documento establecía que el Estado español sería una Monarquía Parlamentaria, con una democracia representativa en donde partidos políticos participarían para ocupar la presidencia del Gobierno, capaz de establecer un programa político determinado y de establecer los mecanismos y el sentido de la administración pública.
Aunque a primera vista parece haber un cierto deseo por transformar el Estado dictatorial de Franco en una democracia moderna, con posibilidades de participación de la totalidad de los individuos en los asuntos del Gobierno y del Estado, sólo dispuesto anteriormente por los allegados y leales al dictador, no lo es del todo. Si bien el trabajo y esfuerzo del Rey y el Presidente fueron pujantes para lograr una construcción gubernamental distanciada del régimen anterior y, es cierto que se consiguieron algunos avances en esos términos, la elección no lo fue respecto de la Monarquía como forma de política de Estado. Este rubro había sido determinado en el periodo de Francisco Franco y enunciado en la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, en donde se establecía que sería él quien determinaría a su sucesor como jefe de Estado y la forma que tomaría España sería la de un reino. Si bien estas Leyes de Sucesión fueron derogadas con la constitución de 1978, el Rey fue quien determinó, en última instancia, sancionarla para después publicarla en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que tenemos, entonces, es una limitada democracia para los ciudadanos que consiste en la elección del poder legislativo sin tener oportunidad de elegir el futuro o la naturaleza de la Monarquía, sus miembros sucesores o sus perspectivas de futuro.
Una de las características principales de la democracia es la de establecer la igualdad de los ciudadanos en al menos dos aspectos: el primero, que consiste en la igualdad de los individuos ante la ley, es decir, que todos los individuos tienen los mismos derechos y obligaciones, y la segunda, que todos los individuos tienen los mismo derechos políticos, es decir, que tienen el derecho de votar y ser votados en la elección y ocupación de los cargos públicos. Sin embargo, aunque los ciudadanos españoles pueden votar y ser votados, sólo pueden hacerlo para determinados cargos, restringidamente.
Si la legitimidad de la Monarquía española no provine de la voluntad o del voto popular, ni de algún decreto divino, en pleno siglo XXI esta idea parece más que anacrónica, ¿de dónde proviene, entonces, la legitimidad de ésta? La historia y la tradición parecen ser la respuesta. Aunque podemos encontrar que fue Franco quien determinó la incorporación del Rey a la jefatura del Estado, encontramos que su designación se basa en el anhelo de una grandeza española que se percibe en el pasado, y que, para los grupos conservadores, se vio truncada por el establecimiento de la Segunda República y, posteriormente, con el desarrollo de la Guerra Civil.
No resulta raro, entonces, que sean los grupos conservadores los que pretendan negar un referéndum que se ha pedido con la actual crisis monárquica, y que se estipule el pasado como legitimador de un sistema que parece caduco. Que se cite a la transición democrática de los 70´s como eje central e inamovible y determinante de la España contemporánea, y que no se pretenda alguna modernización de ella.
Resulta, pues, que, mientras se pondere al pasado como eje legitimador del presente y determinante del futuro, España no tendrá oportunidad modificar sus instituciones y dar pasos hacía una democracia desarrollada. Mientras no se retomen las necesidades y nuevas exigencias de la población civil, mientras no se desarrollen mecanismos democráticos que la incluyan dentro de las decisiones sobre su Estado, Gobierno y perspectivas del futuro, fácil será denominar una sociedad democrática de ciudadanos iguales aunque no todos puedan ser partícipes de las decisiones trascendentales.
