México enfrenta una decisión crucial: tratar las próximas licitaciones de espectro como un simple trámite recaudatorio o convertirlas en el motor de una transformación productiva. Durante más de tres décadas, el sector de las telecomunicaciones en México estuvo marcado por una alta concentración económica y una captura regulatoria persistente, documentadas tanto por resoluciones del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones, como por evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.[1]
Si bien este modelo permitió una expansión gradual de servicios, también limitó la diversificación de proveedores, la formación de capacidades industriales nacionales y el uso del espectro como palanca de desarrollo productivo, tal como ha sido señalado en diagnósticos de competencia, estudios de mercado relevantes y recomendaciones regulatorias emitidas por ambos organismos.[2] Telmex y Telcel dominaron la infraestructura fija y móvil, mientras que Televisa consolidó una posición determinante en contenidos y distribución, configurando un ecosistema donde la competencia efectiva, la innovación tecnológica profunda y la planeación estratégica del espectro quedaron subordinadas a equilibrios corporativos, litigios prolongados y barreras estructurales de entrada.
En este contexto, en los últimos meses el sector de las telecomunicaciones ha entrado en una nueva etapa de transformación institucional y regulatoria que marca un punto de inflexión tras décadas de inercia. El inicio formal de operaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —organismo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— como nuevo regulador técnico del sector, junto con la implementación de un registro obligatorio de líneas celulares vinculadas a identidad verificable y los avances en la agenda para futuras licitaciones del espectro radioeléctrico,[3] configuran un momento excepcional. Estas acciones sugieren una visión más proactiva del Estado para que la conectividad deje de ser una simple mercancía y se convierta en un motor de competitividad, innovación y desarrollo tecnológico para el país.
La experiencia internacional demuestra que las licitaciones de espectro pueden ser instrumentos de política industrial orientados a capacitar, innovar y transformar sectores productivos. Corea del Sur es un ejemplo emblemático. Desde sus licitaciones de espectro 5G, el gobierno coreano integró la gestión del espectro con políticas de investigación y desarrollo, pilotaje industrial y apoyo a la adopción temprana de conectividad avanzada en sectores clave. Esto produjo un ecosistema tecnológico robusto con empresas nacionales posicionándose como líderes globales en infraestructura de redes y soluciones digitales avanzadas, lo que ha impulsado su productividad e innovación.
En India, aunque el enfoque de licitación no impuso contenido local obligatorio, el gobierno diseñó el marco regulatorio para favorecer tecnologías abiertas como OpenRAN[4] y redes privadas industriales, lo que ha dinamizado la participación de integradores y servicios tecnológicos locales. Esta política ha fortalecido capacidades internas sin recurrir a proteccionismos, generando un mercado doméstico más competitivo y tecnológicamente diverso.
Sudáfrica introdujo criterios de capacidad local en licitaciones de espectro que exigen compromisos de transferencia de conocimiento, inversión en talento técnico y participación directa de empresas nacionales en despliegues y servicios. El efecto ha sido un incremento de integradores y proveedores de servicios tecnológicos en el mercado doméstico, elevando la base de conocimiento y empleo calificado.
El caso Brasil es ilustrativo por su enfoque hacia compromisos de inversión y cobertura más que por el valor de recaudación. Al reservar espectro para redes privadas e industriales, Brasil abrió espacio para que sectores como puertos, minería y manufactura exploren usos productivos del 5G, acelerando la digitalización sectorial.
Incluso Estados Unidos, un mercado históricamente abierto, ha diseñado segmentos como el de Servicios de Banda Ciudadana Compartida, CBRS, para facilitar acceso a espectro compartido y redes privadas, estimulando innovación en servicios no tradicionales y creando oportunidades para startups tecnológicas en entornos empresariales y críticos.
Y luego está China, el modelo que desafía la ortodoxia occidental: allí el espectro no se licita, se planifica. Es una infraestructura estratégica asignada por el Estado para cumplir metas nacionales en manufactura avanzada e IA logrando una velocidad de despliegue e integración industrial sin precedentes y una integración profunda entre conectividad e industria, aunque a costa de menor competencia de mercado y mayores tensiones geopolíticas.
México está en una ventana histórica para consolidar una política industrial robusta en telecomunicaciones. Los pasos regulatorios recientes, combinados con los anuncios recientes del gobierno mexicano para fortalecer capacidades tecnológicas y productivas en otros sectores críticos bajo el Plan “México, país de innovación”,[5] que incluye la creación de un Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, avances en el diseño de semiconductores y el desarrollo del prototipo de un vehículo eléctrico mexicano, “Olinia”, crean una plataforma propicia para una visión estratégica del espectro como infraestructura habilitadora de desarrollo tecnológico y productivo.
Los ejemplos de Corea del Sur, India, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos muestran que integrar el espectro a una política industrial no es solo posible, sino profundamente beneficioso. La pregunta para México ya no es si puede hacerlo, sino si está dispuesto a aprovechar esta oportunidad para transformar su ecosistema digital y productivo en la próxima década.
Si los mecanismos de mercado no logran alinear inversión, innovación y desarrollo productivo, la transformación del sector de telecomunicaciones que demanda de México nos obligará a replantear nuestro modelo regulatorio, incluso cuestionando la licitación como único mecanismo legítimo de asignación de espectro. La experiencia china demuestra que el espectro radioeléctrico puede ser gobernado como infraestructura estratégica integrada a un proyecto nacional de desarrollo. No se trata de replicar esquemas, sino de entender que la soberanía exige capacidad real de decisión, no simple adhesión a dogmas regulatorios importados y que nunca nos dieron los resultados que el país demandaba.
La soberanía estratégica se diseña, se financia y se coordina. El espectro radioeléctrico es una de las pocas palancas estructurales que aún conserva el Estado mexicano para intervenir de manera inteligente en su futuro digital e industrial. Perder esta ventana significa repetir el ciclo histórico de dependencia, captura regulatoria y rezago competitivo. Aprovecharla, en cambio, podría marcar el inicio de una transformación productiva, tecnológica y científica con verdadera vocación nacional.
[1] OECD Telecommunication and Broadcasting Review of Mexico 2017 (EN)
[2] OECD Review of Telecommunication Policy and Regulation in Mexico (EN)
[3] La Jornada – Modifican licitación de espectro para crear redes de Internet industrial
[4] Evidencia Internacional sobre Open RAN y posibilidades de su uso en México
[5] Los avances del plan “México, país de innovación” de Sheinbaum – Líder Empresarial
