El Estado mexicano negó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la responsabilidad del Ejército en el caso de desaparición forzada de la familia Alvarado.
El caso se refiere a que el 29 de diciembre de 2009, las tres víctimas fueron detenidas en dos eventos distintos en Buenaventura, Chihuahua, por personas con uniforme tipo militar de camuflaje beige y armas de uso exclusivo del Ejército que, según testimonios de 10 funcionarios públicos, llevaron a los detenidos a las instalaciones del 35 Batallón de Infantería.
“No existen pruebas directas ni pruebas circunstanciales suficientes para concluir que el grupo de individuos que privaron de la libertad a las víctimas eran agentes estatales”, expresó Alejandro Alday, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante el segundo día de audiencia en la CoIDH.
Cuando ocurrió la desaparición, no había personal militar en la zona; los uniformes eran comúnmente usados por grupos de la delincuencia organizada y los militares usaban uniformes de diferente color en esa época, agregó Alday, de acuerdo con Reforma.
El consultor de la SRE también señaló contradicciones en las declaraciones de los familiares que atestiguaron las detenciones y desacreditó las declaraciones brindadas por los funcionarios públicos, se indica.
“Al desligar a los militares de la desaparición forzada, también lo hizo de las violaciones a derechos humanos que investiga la CoIDH, incluyendo los derechos a la honra y dignidad, a la integridad personal, a la familia y a la libre circulación”.
Irene Herrerías, subprocuradora de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), argumentó que “las víctimas estaban en una situación de vulnerabilidad frente a dos grupos criminales y que miembros de la familia tenían vínculos con el narcotráfico”.
Añadió que “la PGR detuvo a un elemento castrense presuntamente vinculado con las desapariciones, que fue liberado por el Poder Judicial por falta de pruebas”.
Herrerías reconoció que “el Estado mexicano no ha hallado a las víctimas ni ha dictado responsabilidad penal contra los responsables de los hechos, por lo que debe mostrar por qué la investigación ha tardado tanto”.
Alday aceptó en nombre del Estado mexicano su responsabilidad en diversas fallas durante el proceso, como que la investigación fue atraída, en un primer momento, por la jurisdicción militar.
“El Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la violación al artículo 2 de la Convención Interamericana, toda vez que al momento que ocurrieron los hechos no contaba con legislación en materia de desaparición forzada compatible, razón por la que también carecía un tipo penal”, añadió.
No obstante, el consultor defendió que México ya aprobó la Ley General de Desaparición y que la investigación ya se investiga en tribunales civiles.
Alday también rechazó que el Ejército cometiera violaciones de derechos humanos contra la población durante el Operativo Conjunto Chihuahua, que se llevó a cabo del 2008 al 2010, aunque reconoció que algunos elementos actuaron de forma aislada al margen de la ley.
“El Estado reitera que no se desprende evidencia alguna que apunte a una política de Estado o a su tolerancia para cometer ilícitos en perjuicio de la población”, defendió.
Las representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistieron que en México la desaparición forzada es una práctica sistemática, exacerbada por la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón e impulsada por la Ley de Seguridad Interior aprobada durante el Gobierno de Enrique Peña, informó Reforma.
