(09 de mayo, 2014).- El miércoles 7, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Libertad Estadounidense (USA Freedom Act), con la cual se acotan los programas de vigilancia masiva de sus propios ciudadanos operados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) y revelados al público de todo el mundo por el ex contratista de dicha agencia Edward Snowden, actualmente refugiado en Rusia por la persecución del gobierno estadounidense en su contra.
La reforma enviada al Congreso por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama “procura terminar con la obtención masiva de metadatos telefónicos y otros registros en Estados Unidos”, pero de momento únicamente acotó las facultades de la NSA dentro del propio territorio estadounidense, por lo que los ciudadanos del resto del mundo seguirán siendo espiados como hasta ahora. Además, el texto aprobado por la Comisión sólo aplica a la vigilancia realizada en el marco de la USA Freedom Act, por lo que continuarán las prácticas de vigilancia masiva o recopilación indiscriminada de datos amparadas por “leyes o reglamentaciones, como el apartado 702 de la Enmienda a la FISA [Ley sobre Vigilancia de Inteligencia Exterior, Intelligence Surveillance Act] o el Decreto 12333”.
El texto aprobado por la Comisión Judicial recorta las propuestas de limitación del espionaje masivo enviadas por Obama, y aún debe ser revisado por la Comisión Especial Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes (House Permanent Select Committee on Intelligence), en donde podrían recortarse aún más. Si logra llegar al pleno de este órgano legislativo, podría verse frenado por otra votación pendiente. Posteriormente deberá ser analizada y votada en el Senado.
Para los ciudadanos estadounidenses, lo positivo del texto aprobado hasta ahora es que las agencias solicitantes de información ya no podrán requerir a las compañías telefónicas que recopilen y entreguen datos indiscriminadamente, sino que deberán justificar los pedidos de recolección con “términos de selección específicos”. De acuerdo con la organización Human Rights Watch, promotora de esta reforma a la vez que crítica de sus limitaciones, “el proyecto legislativo también estipula nuevos requisitos de información gubernamentales, permite que las compañías transmitan información limitada con respecto a los pedidos que reciban, brinda un mecanismo para solicitudes de emergencia y crea un panel de expertos a quienes el tribunal de la FISA podrá pedir su intervención en casos concretos”.
La NSA fue creada en 1952 por el presidente Harry S. Truman con un espíritu propio de la Guerra Fría que entonces se encontraba en uno de sus puntos más álgidos, y los alcances de su actividad fueron ampliados significativamente con las leyes aprobadas por el gobierno de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, las violaciones a la privacidad fueron negadas por Washington hasta que las revelaciones de Snowden pusieron al descubierto que ésta y otras agencias espiaban masivamente –es decir, que recopilan información sobre cualquier persona–, aunque no tengan ningún motivo para sospechar que realice actividades ilícitas a sus ciudadanos y a los del resto del mundo.
Además de la mencionada limitación de esta reforma que no protege el derecho a la privacidad de las personas fuera de Estados Unidos, la versión consensuada en la Comisión Judicial permitirá que el gobierno siga usando el argumento de la “seguridad nacional” para prohibir que los jueces hagan público un juicio: bastará con que el gobierno afirme que hacer público un juicio afectaría la seguridad nacional para que se mantenga en secreto, sin ninguna prueba de su relación con los motivos de seguridad.
Human Rights Watch elaboró una serie de recomendaciones al Congreso y al presidente Obama para que aprovechen la oportunidad de la reforma para emprender cambios cruciales en los programas de vigilancia del gobierno de EE.UU. Como dijo la investigadora principal de HRW, Cynthia Wong, “Hasta que el presidente Obama no tome medidas concretas para proteger los derechos de todos, sin importar dónde se encuentren, pasará dificultades para restaurar la confianza global en el apoyo de EE.UU. a la libertad en Internet”.
