I.- En el Cancún fuente de riqueza turística, y municipio del estado con el glorioso apellido: Quintana Roo del ilustre don Andrés (1787-1851), nacido en Mérida; abogado y luchador a brazo partido por la Independencia, se da la explotación laboral de niños. Y la sexual, que tanto denuncia y combate la periodista Lydia Cacho. El corresponsal Carlos Águila Arreola, (La Jornada: 27/IX/15), nos informa lo que Rogelio Márquez Valdivia, presidente de la asociación civil “Volver a Empezar” expone: que en los últimos cinco años “se documentaron 62 mil casos de trata de personas en la entidad –12 mil 440 por año y mil 33 al mes, en promedio–, de los que 49 mil 500 tienen registro en Cancún… hay 37 mil niños y 12 mil 500 indígenas trabajando en las calles del municipio de Benito Juárez”. Gravísimos problemas que no son atendidos. Existe un desapego total de los funcionarios. Ni el gobierno federal ni el quintanarroense, se ocupan del drama y hasta parece que dejan crecer esas dos situaciones como si fuera parte del atractivo para el turismo nacional e internacional.
II.- Mucho debe haber de verdad en que no sólo es tolerada esa doble explotación: sexual y laboral, sino que, además se fomente, o lo que es lo mismo que impere la omisión. Los funcionarios se hacen de “la vista gorda” y hasta reciben sobornos para que esa actividad se lleve a cabo las 24 horas, sin que los responsables vayan tras los delincuentes que la organizan y consumen para satisfacer desviaciones morales y sexuales. Las cifras acusan complicidad gubernamental federal y del estado a través de sus delegados de Gobernación, Salud, IMSS e ISSSTE, ya que tienen atribuciones y obligaciones que no ejercen y dejan que niños y adultos caigan en los tentáculos de la explotación sexual y laboral. El gobierno federal tiene abandonado a Quintana Roo, como a otros centros turísticos del país, permitiendo la trata de personas. Y es un problema social que tiene repercusiones en todas las dimensiones de la vida, ya que están de por medio niñas, niños y adultos, sobre todo indígenas, presas fáciles de sus explotadores; en una degradación ni siquiera compensada económicamente, ya que si en lo laboral no les pagan ni lo legalmente exigido, en esta explotación ni siquiera reciben pagos para compensarlos un poco.
III.- Es un infame problema donde los funcionarios estatales y municipales de Quintana Roo, como lo federales, no cumplen con sus obligaciones para impedirlo. Y no es cuestión de negligencia, sino de intencional omisión que les reditúa sobornos. Sobre todo en Cancún, una de las capitales del mundo para el turismo, es donde prevalecen esos abusos que están dañando, irreversiblemente, a la población migrante de otras entidades del país y las pocas organizaciones civiles (como “Volver a empezar” y las que ejerce Lydia cacho), no se dan abasto para ir al rescate de esos niños e indígenas que explotan delincuentes y consumidores de la trata de personas. Un paso adelante es la información. Pero no es suficiente. Se requiere, con urgencia que las autoridades atiendan ese doble drama social.
