(29 de julio, 2014).- Tras cumplirse ya 20 días del enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y elementos de la Policía Estatal de Puebla, que derivó en el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, por un proyectil que lo impactó en la cabeza, ahora se suman a los cuestionamientos al gobierno de Moreno Valle diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) en defensa de los derechos humanos como: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Article 19 y Cencos.
Las ONG defensoras de los Derechos Humanos, exigen la salida de Facundo Rosas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya que hubo exceso de fuerza pública y los elementos policiacos a su cargo actuaron sin un protocolo de seguridad previamente establecido, peses a que los abogados defensores del gobierno poblano intenten probar que no fue así y que la muerte del menor fue un asunto circunstancial.
Sin embargo, el temor de las ONG es que en este asunto siga prevaleciendo la impunidad y haya un manto protector para Facundo Rosas, tanto del Gobernador como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Puebla.
Y es que el temor resulta fundado, pues vale la pena recordar que cuando se solicitó la intervención de la CNDH para que hiciera una acción de inconstitucionalidad y así evitar la entrada en vigor de la Ley Bala en Puebla, al parecer no procedió la petición y se hizo caso omiso por la estrecha relación entre el ombudsman nacional y el Gobernador. Posteriormente se emitieron dudosos dictámenes de las investigaciones hechas por la CNDH y la CEDH sobre la represión en Chalchihuapan.
En las circunstancias en las que se encuentra el tema de la Ley Bala, no basta sólo la derogación de este ordenamiento jurídico propio de un estado de Excepción -que ya cobró la vida de un menor-, es necesario cesar a quienes fueron omisos o abusaron de su autoridad y deslindar responsabilidades penales.
El Gobernador de Puebla, si no quiere seguir siendo más objeto del descredito social, que ya es mucho con el que carga, debe remover del cargo a su actual Secretario de Seguridad, y si la CNDH y la CEDH no quieren aparecer ante la opinión como parapetos y apéndices del poder, deben tornarse en verdaderas instituciones garantes de los Derechos Humanos.
