La Procuraduría General de la República investiga al padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, tras recibir 17 millones de pesos por parte de empresas que fueron acusadas del tráfico ilícito de 400 millones de pesos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
La denuncia fue presentada desde el pasado 14 de diciembre de 2015 por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR.
Esto va en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte responsable.
Dicha denuncia señala que las dos empresas involucradas están dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández, pero indicios detectados por la UIF demuestran que estas personas solo esconden empresas fantasmas y a los verdaderos dueños de los más de 400 millones de pesos.
Estas compañías, que se crearon apenas en 2012 y 2013, manejan recursos considerados por la UIF como irreales, ya que, en un año, una de estas empresas pagó salarios que corresponden a la totalidad de los ingresos obtenidos, lo que resulta incongruente ya que no probaron contar con personal.
Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota , hermanos de la candidata al gobierno mexiquense y su padre, Arnulfo Vázquez Cano figuran entre las personas relacionadas con las transferencias de estas empresas.
En total, los familiares de Vázquez Mota recibieron 17 millones 27 mil pesos procedentes de Smart y 1.8 millones de pesos de Bolshoye.
La UIF remarca el caso especial de Luis Antonio: “Es importante mencionar que se tiene conocimiento que Luis Antonio Vázquez Mota presentó un cambio en su comportamiento de actividad promedio previa, además de que las operaciones que realiza se llevan a cabo con recursos de origen desconocido”.
Dentro de este documento mencionan todos los casos de transferencias, lo extraño resulta en que los beneficiados “no presentan actividades económicas similares”
La PGR anunció que, como medida precautoria, Roldán Urdapilleta fue incorporado a la lista de personas bloqueadas y los recursos de las empresas contenidos en las cuentas bancarias fueron inmovilizados.
Después de realizar una profunda investigación a la actividad de ambas empresas, se encontró que no estaban al corriente en el pago de sus impuestos. Además, hallaron que tampoco había coincidencia entre sus ingresos y sus egresos, por lo que pusieron la lupa en ellas y detectaron domicilios fachada.
“En ambos casos se trata de inmuebles en los que no se aprecia señalización ni infraestructura que permita inferir el establecimiento de sociedades mercantiles en esos lugares, y mucho menos, justificar el volumen de recursos que operan en sus instrumentos financieros; es evidente la falta de congruencia entre el espacio y las características físicas en el que deberían estar asentadas de acuerdo con el capital social que se refleja en las operaciones efectuadas”.
José Nieva Sánchez, presunto representante legal de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV teníacomo domicilio en su IFE Colón 1128, Oaxaca, Oaxaca, la misma dirección que la empresa Smart Bussines Consulting Sima SA de CV.
Este domicilio se encontraba registrado ya por otras nueve personas morales, desde una constructora, una consultoría, una comercializadora, otra de venta de víveres y licores y una de piedras y minerales.
También se denuncia la cuenta de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV que “recibe 69% de recursos de Mareft Mexicana y 31% de Bolshoye. El 100% de recursos recibidos es enviado a cuentas de personas físicas. La mayor parte de las operaciones de retiro se realizan por internet el mismo día o en días consecutivos y apenas unos minutos después de que fue realizado el depósito de los activos, por lo cual no existe permanencia de los recursos en la cuenta”.
“Es muy probable que la relación que sostienen María José Tabata Roldán Urdapilleta y Isabel Teresa Arroyo Hernández es en términos de la figura de testaferros, mujeres que con el pleno conocimiento de la ilegalidad de su actuación y previo acuerdo con los sujetos que tienen dominio de los activos, acceden a constituir empresas y aparecer como apoderados aportando sólo sus identidades, con la dualidad de objetivos [que es] garantizar anonimato de los individuos que tienen el verdadero control de los activos y la posibilidad de constituir personas jurídicas colectivas para ser utilizadas y, de esta forma, ingresar recursos a la economía nacional que tienen una procedencia ilícita para ocultar su origen, propiedad y su destino final”. – precisa
Roldán Urdapilleta, se convirtió en un caso sospechoso para a UIF, ya que “según los registros, contaba con la edad de 23 años”.
Por su parte, Isabel Teresa Arroyo Hernández, representante legal de Bolshoye, cuenta con 27 años y con domicilio en una colonia de escasos recursos en la delegación Azcapotzalco de la CDMX lo que no concuerda con los recursos que maneja en la empresa.
Un último elemento sospechoso es que las empresas no han dado cabal cumplimiento a sus obligaciones de carácter fiscal; en 2012 y 2013 Bolshoye declaró “no haber obtenido ingresos” sin reportar las retenciones, “no obstante la gran cantidad de recursos que opera”.
Debido a toda esta situación, “las personas sobre las cuales versa esta delación fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas (…), los recursos contenidos en las cuentas de las personas designadas en ésta se encuentran inmovilizados”
