(02 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ciudad Cuauhtémoc ha sido ya catalogada como la nueva capital de las desapariciones forzadas y es que tiene de las más altas tasas de ausencias no voluntarias de todos los municipios de Chihuahua.
Ciudad Cuauhtémoc mantiene un aproximado de 351 casos de desaparecidos, de los mil 698 contabilizados en toda la entidad, de los cuales en la mayoría sigue sin aclararse. Ahí en esa misma región se han localizado en años recientes fosas clandestinas con restos humanos.
“Son miles de fragmentos entre las distintas fosas. No se sabe a cuántas personas podrían corresponder”, ha dado a conocer este año Amnistía Internacional (AI), en su informe “Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”.
Dentro de las principales acciones de las familias de las víctimas, además de las búsquedas y manifestaciones exigiendo justicia, se encuentra la solicitud de intervención del EAAF, por lo que en diciembre de 2014, el Gobierno de César Duarte firmó un compromiso, sin embargo éste jamás se concretó.
“Los gobiernos de derecha han sido siempre los responsables de las peores masacres que ha padecido el pueblo de México, en los últimos tres sexenios hemos visto muerte, sangre, tortura y desapariciones forzadas, a manos de narco, pero también, y mayormente, del Ejército y la Marina.
Permitir que organismos internacionales intervengan en la búsqueda de pruebas o hallazgos que lleven a develar dónde están los cuerpos de desaparecidos o quiénes son los principales responsables es lógicamente inconveniente para los gobernadores y gobierno federal. Si se investiga y juzga responsables en este país, es porque no se quiere exhibir tras las rejas a todos aquellos que forman parte del aparato de poder que dirige al país, que son quienes tienen las grandes culpabilidades”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, la socióloga Andrea Zarate, especialista en antropología de la violencia.
Por el contrario, a decir por la especialista, “el gobierno federal cada vez se ha descarado más, sexenio a sexenio mata, tortura y desaparece de forma abierta, y si alguien no está de acuerdo con sus acciones, ejerce represión, prueba de ello son las familias de los desparecidos que han sido acosadas y amenazadas por parte de los brazos ejecutores que son los mismos funcionarios que tendrían la obligación de impartir justica”.
La situación de desapariciones ha ido agravándose en Ciudad Cuauhtémoc y es que las ausencias forzadas
Quienes lo han hecho, en el caso de aquellos que piden se busque en fosas clandestinas, han sufrido intimidación por parte de funcionarios públicos, que los presionan para que permitan que peritos forenses designados por el gobierno examinen los restos humanos hallados en la zona y es que si el gobierno sigue adelante, estos exámenes imposibilitarán la realización de exámenes independientes posteriores.
Puesto, que se denuncia, las evidencias se destruirían, ya que las autoridades en ningún momento están garantizando que se protegerán las pruebas forenses y periciales. “Para el gobierno un escenario ‘ideal’, es en el que se usen a las personas como falsos culpables o desaparezcan a la sociedad civil y nadie se queje, de hacerlo entonces ya se convierten en un obstáculo a erradicar.
Las familias que se manifiestan en las calles, la exhibición de fotos y pancartas han representando una constante amenaza para el gobierno, al ser incapaz de rendir justicia y respuestas sólidas, en defensa de los derechos humanos, por lo que envían a sus brazos represores –funcionarios públicos- ya sea a retrasar y detener investigaciones o amenazar a la sociedad indefensa, porque luchan contra un juez y parte”.
Las afectaciones que han padecido las familias se han intensificado desde abril pasado y el caso más sobresaliente es el de Fernando Romo, quien busca a ocho familiares que desaparecieron en 2011. Todas estas personas fueron detenidas por agentes de la policía municipal, cerca de ciudad de Cuauhtémoc.
Romo, quien busca incansablemente a sus familiares, desde aquel día, en marzo pasado se reunió con dos funcionarios del estado en la casa de un familiar. Los funcionarios le pidieron que firmara unos documentos que autorizarían al gobierno a realizar exámenes forenses a los restos humanos hallados en tres lugares cerca de la ciudad de Cuauhtémoc.
Le explicaron que los exámenes estarían a cargo de expertos forenses designados por el gobierno, es decir, no respetando el acuerdo que se tenía entre familiares y las autoridades, donde se había dado ya un nombramiento de un equipo de expertos acordado por las dos partes.
De nueva cuenta, otro de los familiares de Fernando Romo, Albino Cruz, se reunió con una agente del ministerio público para preguntar sobre los progresos en su caso. En esa misma reunión reafirmó que era posible que agentes de la policía local estuvieran implicados en la desaparición de sus familiares, a lo que la agente del ministerio público le respondió: “te vamos a parar enfrente de todos los policías para que digas quién fue”.
“Evidentemente era un acto de intimidación, hablamos de un funcionario hablando en un doble sentido, donde reta al familiar a que ‘reconozca’ a los posibles culpables, en medio de un grupo de policías, de ninguna manera se puede referir a que los van a detener a todos y resguardar la integridad de la persona, sino más bien es un ‘a ver si te atreves a hablar frente a ellos’, es decir esos son los resultados de darle tantito poder a los lacayos permanentes del Estado”, expresa la especialista.
Amnistía Internacional, comenzó a darle seguimiento a los hechos, los cuales ha calificado como actos de intimidación y presión indebida sobre los familiares de las víctimas. Los cuales, según comparte el organismo y activistas, sería una posible campaña de difamación contra decenas de familias que hacen presión, de distintas maneras, “para que se lleven a cabo búsquedas efectivas e investigaciones inmediatas sobre la desaparición forzada y el secuestro de sus familiares en Ciudad Cuauhtémoc y sus alrededores en los últimos años”.
Según la especialista, “se necesita a una sociedad que se solidarice con los familiares y las víctimas, que no condene sin argumentos, que sirva como protección ante el hostigamiento de las autoridades, que también se pronuncien a no permitir que las autoridades sean quienes examinen restos encontrados y por encontrar.
Que no hayan pruebas si no las realiza un órgano totalmente independiente del gobierno estatal y federal, con el que los familiares se encuentren de acuerdo para que proceda a llevar a cabo todas las acciones necesarias para descubrir identidades, de lo contrario, permitir al gobierno ser quien analice, es dar por perdidas las evidencias”.
Amnistía Internacional ha seguido puntualmente el tema del análisis de huesos y restos humanos, que se encontraron cerca de la ciudad de Cuauhtémoc entre 2011 y 2014, insistiendo que el gobierno se abstenga de procesar las pruebas hasta que se nombre un grupo independiente de expertos.
También han pedido que los funcionarios locales cesen las intimidaciones y presiones hac
