Un grupo de víctimas sobrevivientes del hecho violento perpetrado en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio del 2016, señalaron a este medio que, “se deslindan de actos que efectúen a nombre de todas las víctimas del 19 de junio el Frente Popular Revolucionario (FPR) a través de su representante German Mendoza Nube, quien asesora al Comité de Victimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio Nochixtlán (COVIC) a través de su representante Profesor Santiago Ambrosio Hernández”.
Indicaron que, “familiares de tres de las personas ejecutadas extrajudicialmente el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, y un grupo de lesionados por disparos de arma de fuego hemos decidido seguir una ruta jurídica, en la exigencia de nuestros derechos y por lo cual con fecha 18 de agosto del 2017, presentamos a la Procuraduría General de Justicia de la República, (PGR), denuncia individualizada de los hechos. En la cual acusamos directamente a los responsables materiales e intelectuales por los delitos de genocidio, homicidio, tentativa de homicidio y otros. Con fecha 12 de junio de 2017 presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso sobre seis ejecuciones extrajudiciales. Hemos solicitado a la CIDH una medida cautelar para prevenir daños irreparables.
Por lo tanto nos deslindamos de la organización Frente Popular Revolucionario y en especial de su dirigente German Mendoza Nube sobre cualquier acción política, jurídica y de medios que haga a nombre de nosotros y en caso de que asesore o acompañe a algunas víctimas del 19 de junio no nos incluya y respete y no obstaculice el trabajo que hemos realizado ante organismos internacionales y organismos nacionales”.
Los familiares de los tres caídos Ancelmo Cruz Aquino, Omar González Santiago y Silvano Sosa Chávez y sobrevivientes y lesionados por arma de fuego del 19 de junio de 2016, se pronunciaron por:
Solicitar que ninguna organización política abandere y negocie en memoria de los caídos Ancelmo Cruz Aquino, Omar González Santiago y Silvano Sosa Chávez, “ya que nosotros somos sus familiares y no estamos de acuerdo en que se utilice para fines políticos y económicos ya que en nombre de ellos se efectúan bloqueos como lo es en la caseta de Huitzo y piden cooperación sin que nosotros estemos enterados”.
“Solicitamos que la Procuraduría General de la República efectúe las investigaciones e integre debidamente los legajos de investigación con apego a nuestras denuncias ya presentadas y con interlocución directa de los que presentamos la denuncia y nuestros representantes legales”.
A su vez, fijaron postura al gobierno mexicano que “cualquier interlocución sea en forma directa con nosotros, los sobrevivientes que seguimos un trámite legal debido”. “Hacemos del conocimiento que hemos iniciado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA, donde demandamos al gobierno mexicano que: Investigue y sancione penalmente a los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales efectuadas el 19 de junio del 2016.
Modificación del derecho interno a partir de directrices internacionales. Así como una Reforma a la Constitución Federal de México respecto del artículo 22 que garantice eficazmente el derecho a la vida y prohíba las ejecuciones extrajudiciales.
Una reforma al código penal federal y del Código penal del Estado de Oaxaca, que tipifique el delito de ejecución extrajudicial. En caso de ser aprobada la ley de Seguridad Interior que legitima el uso de la fuerza pública en México, solicitamos se abrogue y se adecue a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”.
También solicitaron, se garantice en la Legislación Mexicana el derecho de manifestación y la libertad de expresión sin temor de que se les prive del derecho a la vida y a la integridad personal. “Reparar a las víctimas, mediante los criterios esbozados por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (restitutio in integrum), de todos los daños y perjuicios ocasionados por la violación de los Derechos Humanos, lo que incluye: daño material, lucro cesante y daño emergente, daño moral, daño al proyecto de vida, perdida de oportunidad, disculpas públicas en medios de comunicación, garantías de no repetición, preservación de la memoria histórica a través de los textos gratuitos y otras formas, reparación desde una perspectiva colectiva de afectación a los derechos de los pueblos indígenas y cualesquiera otras formas de reparación internacionalmente reconocidas”.
El documento hecho llegar a esta casa editorial fue firmado por: José Luis Cruz Aquino, representante de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; Gildardo González Santiago, representante de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.
Angélica Reyes Cruz, representante de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; Elisabeth Méndez Daza, representante de los lesionados por disparos de arma de fuego; Héctor López Rodríguez, representante de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; Luis Bautista Hernández, representante de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; René Cruz Flores, víctima de disparos por arma de fuego .
