(10 de Diciembre, 2015).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también investiga a Adrián Escobar y Vega, hermano del ex líder del Partido Verde Arturo Escobar, por haber contratado de manera ilegal cineminutos durante la pasada campaña electoral.
La Fepade prepara una averiguación en contra de la empresa Rabokse, la cual se lee al revés “Escobar”.
La indagatoria es adicional a la acusación de la Fiscalía contra Arturo Escobar, ex subsecretario de Gobernación, involucrado en la distribución ilegal de tarjetas Premia Platino, regaladas también durante la elección federal.
Por considerar que Rabokse hizo aportaciones indebidas al PVEM a través del pago de cineminutos a dos empresas y detectar que la compañía saldó casi 36 millones de pesos a la firma TIK, filial de Cinépolis, aunque el Partido Verde no registró el gasto ante la autoridad electoral, por lo que el organismo político fue sancionado por 64 millones de pesos.
La Fepade busca fincar responsabilidades contra Adrián Escobar y Vega por realizar pagos para la difusión de los promocionales en favor de un partido político, lo que constituye una aportación en especie prohibida por la ley.
De acuerdo con el diario Reforma, el contrato fue firmado el 5 de enero de 2015 por Jesús Eli Zaleta Hervert, apoderado por el Grupo Rabokse.
En diciembre pasado, el senador panista Javier Corral presentó la denuncia en contra del PVEM al violar el principio de equidad electoral por la difusión de los cineminutos.
“Rabokse se obliga frente a TIK a sacarla en paz y a salvo, de cualquier multa, sanción económica, administrativa o de cualquier otra índole, que puedan llegar o lleguen a imponerle” refirió el acuerdo.
Por otra parte, la Fepade tiene la facultad de apelar la decisión de un juez de negar la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar.
Fuentes de la PGR indicaron que es factible que la Fiscalía interponga el recurso de apelación en los próximos tres días, como marca la ley, con la intención de revocar la negativa dictada por la juez y obtener una orden de captura contra Escobar.
Arturo Escobar no interpuso un amparo ante la probable orden de aprehensión, mientras que los empresarios María Guadalupe Robles Ponce y Ramiro Quintero Ramos sí lo hicieron por las acusaciones de delitos electorales.
