Dos operativos simultáneos en Benito Juárez, Quintana Roo, destaparon el funcionamiento de una red de trata de personas en modalidad de prostitución ajena, donde al menos cinco mujeres eran explotadas bajo esquemas de consumo, pagos por fichas y servicios sexuales de hasta 2 mil 500 pesos. Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal, tras órdenes de cateo otorgadas por jueces de control.
Primer cateo: fichas de 50 pesos y servicios de hasta 2 mil 500
El primer inmueble asegurado fue un bar clandestino ubicado en avenida José López Portillo, colonia Tres Reyes. Ahí, agentes investigadores localizaron a cinco mujeres —todas mexicanas— obligadas a fichar vasos por 50 pesos y a ofrecer servicios sexuales que iban de 500 a 2,500 pesos, según la edad de cada víctima.
En todos los casos, el establecimiento se quedaba con el 50% de las ganancias, operando bajo un esquema plenamente identificado como explotación sexual.
Las autoridades confirmaron que las mujeres no tenían control sobre sus horarios ni sobre el dinero que generaban, y que el sitio funcionaba sin permisos y fuera de cualquier regulación.
Segundo cateo: fichas de 100 pesos y cuartos privados
El segundo operativo ocurrió en un bar de la Supermanzana 64, donde las investigaciones revelaron un sistema de fichas de 100 pesos, del cual también la mitad iba al negocio. El sitio contaba con cuartos privados destinados a la explotación sexual y operaba bajo un modelo similar al del establecimiento intervenido en Tres Reyes.
Durante la inspección fueron asegurados narcóticos, preservativos, bitácoras de registro, y seis DVR con posibles evidencias de control, vigilancia y seguimiento de las víctimas.
Inmuebles asegurados y víctimas bajo resguardo
Tras concluir las diligencias, ambos lugares quedaron asegurados con sellos oficiales y bajo resguardo de la Representación Social. Por su condición de vulnerabilidad, las cinco mujeres fueron trasladadas y canalizadas a las instancias correspondientes para recibir protección, atención integral y garantía de sus derechos.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables, verificar la posible existencia de más víctimas y determinar el grado de operación de la red que utilizaba estos bares como centros de explotación.
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