Un caso inaudito al interior de la Fiscalía General de la República (FGR): diez funcionarios fueron destituidos y denunciados por corrupción tras descubrirse que una tonelada de cocaína decomisada al crimen organizado fue sustituida por leche en polvo antes de su incineración oficial.
Entre los señalados se encuentran Arturo Serrano Meneses, excontralor de la dependencia, y Sergio Taboada, hermano del panista Santiago Taboada, excandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ambos son acusados de cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia.
La droga que no ardió
De acuerdo con información publicada por El País, la maniobra ocurrió en el estado de Guerrero, donde la FGR había asegurado el cargamento de cocaína.
En lugar de destruir el narcótico como marca la ley, un grupo de funcionarios sustituyó la droga por leche en polvo, simulando la quema en los hornos de incineración.
El engaño fue descubierto durante una verificación interna y derivó en una investigación penal. Las autoridades confirmaron la destitución y denuncia de los 10 implicados, quienes se desempeñaban en áreas de verificación, auditoría y control interno.
De la tonelada de cocaína que no fue incinerada, poco se sabe hasta el momento, según el reportaje del medio español.
“Todo lo que decomisaban de cocaína lo sustituían por leche en polvo, para después sacarla y venderla”, declaró el diputado Arturo Ávila, portavoz de la bancada de Morena, citado por El País.
Serrano y Taboada, en el centro del escándalo
El principal implicado es Arturo Serrano Meneses, quien fue desalojado de su oficina del Órgano Interno de Control de la FGR por elementos federales a principios de agosto, según reportó el diario Reforma.
A él se suma Sergio Taboada, titular de la Unidad de Control y Evaluación, y hermano del exalcalde panista Santiago Taboada, figura cercana a la dirigencia nacional del PAN.
Junto a ellos fueron denunciados Javier Morales, secretario particular de Serrano; José María Peña, secretario técnico; Carlos Rascón, encargado de la Unidad de Responsabilidades; Josué Crespi, de Denuncias e Investigaciones; José Alzati, de Verificación del Destino Final de Bienes Asegurados; Héctor Montes, de Auditoría Interna; Alejandro Vélez, de la Unidad Jurídica, y Javier Maldonado, de Administración.
Serrano, designado por la Cámara de Diputados en 2019 y ratificado en 2023, renunció forzadamente para evitar su destitución formal, informó El País. En su lugar, el Congreso nombró a Óscar del Río Serrano, hijo del político de Movimiento Ciudadano José Manuel del Río Virgen.
Confirmación desde la Mañanera del Pueblo
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la investigación durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presentar un informe detallado sobre el caso.
Sheinbaum destacó que la indagatoria debe seguir su curso sin excepciones y reiteró el compromiso de su gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción institucional.
Sobornos, contratos y una red interna
El reportaje de El País y los datos de Reforma revelan que la sustitución de cocaína por leche en polvo no fue el único caso de irregularidades.
La FGR investiga a Serrano y su equipo por presunto cobro de sobornos a proveedores, entre ellos la empresa Casanova Rent Volks, que denunció haber recibido una solicitud de seis millones de pesos para manipular un contrato de arrendamiento vehicular.
Casanova Rent Volks es un proveedor recurrente de la Fiscalía: en 2020 recibió una adjudicación directa por mil 620 millones de pesos, según registros públicos citados por los medios.
Reacciones en el Congreso
Tras conocerse la destitución, diputados del PAN exigieron explicaciones a la FGR sobre los procedimientos legales contra Serrano y su equipo.
Sin embargo, fuentes citadas por El País señalaron que en la Secretaría de Gobernación interpretaron esta postura como una defensa política del grupo de funcionarios, debido al parentesco de Sergio Taboada con el exalcalde panista.
Pese a la presión legislativa, la Fiscalía mantiene su postura: los implicados enfrentan denuncias penales y procesos administrativos, y los hechos serán investigados “hasta las últimas consecuencias”.
Una señal de control institucional
La rápida reacción de las autoridades y la confirmación pública de la investigación refuerzan el mensaje de cero tolerancia ante los abusos dentro del propio sistema de justicia.
La sustitución de una tonelada de cocaína por leche en polvo no solo desató una purga en la FGR, sino también una revisión profunda de los protocolos de resguardo e incineración de narcóticos, con el objetivo de blindar los procesos internos y evitar que redes de corrupción vuelvan a infiltrarse.
