La Fiscalía General de la República (FGR) destapó una red de contrabando de combustibles que involucra 555 empresas y ocho puertos estratégicos del país. El organismo documentó dos principales modus operandi que permiten la entrada y distribución ilícita de hidrocarburos con impacto internacional.
Documentos piratas y permisos inexistentes
El primer esquema detectado por la FGR consiste en la compra de combustibles en Estados Unidos, su importación a México y la venta a empresas nacionales con precios por debajo del mercado. Para simular legalidad, se usan pedimentos clonados, facturas alteradas y transportistas sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con documentos incompletos o registros cancelados al llegar a destino.
Puertos y descargas irregulares
El segundo método implica descargas sin acreditar origen legal en el puerto de Veracruz. Cuando las embarcaciones no pueden desembarcar la totalidad del producto, regresan a mar abierto y repiten la operación con nueva documentación falsa. En casos donde esto no es posible, el combustible es trasladado a Lázaro Cárdenas, a pesar de las restricciones técnicas del puerto.
Puertos señalados como nodos críticos
La FGR identificó ocho terminales marítimas como puntos clave: Altamira (Tamaulipas), Veracruz (Veracruz), Ensenada (Baja California), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Guaymas (Sonora), La Paz (Baja California Sur), Cancún (Quintana Roo) y Mazatlán (Sinaloa). En estas instalaciones se realizaron maniobras repetidas de descarga con documentación apócrifa y control de operaciones para facilitar la distribución ilícita.
Empresas y personajes bajo investigación federal
El entramado empresarial señalado por la FGR abarca importadoras, comercializadoras, transportistas, gasolineras y factureras. Entre las compañías destacan Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Era Tech Combustibles, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México y Grupo Potesta, además de personas físicas vinculadas con estas operaciones.
Alcance nacional y técnicas de rastreo judicial
Las compañías operan en estados como Estado de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco. Desde 2021, 108 de las 555 empresas identificadas se dedican directamente a la importación, exportación y distribución de combustibles con irregularidades recurrentes como ventas por debajo del mercado y emisión de facturas incongruentes.
Para desmantelar la red, la FGR implementó la técnica de investigación 692/2025-I, autorizada en abril de 2025, con la que rastreó 101 números telefónicos asociados a empresas y personas físicas, identificando mil 126 registros de comunicaciones cercanas a aduanas y puertos para mapear la actividad de los implicados en puntos críticos de importación y exportación de hidrocarburos.
La fiscalía reiteró que continuará con las investigaciones y acciones legales correspondientes para desarticular por completo esta red de contrabando de combustibles, así como para fincar responsabilidades a las empresas y personas involucradas. Las autoridades federales señalaron que los resultados de estos procesos serán dados a conocer en cuanto se concluyan los peritajes y las diligencias judiciales en curso.
