La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con una contundente mayoría de 458 votos a favor, el dictamen que modifica el régimen de pensiones para exfuncionarios de organismos estratégicos del Estado.
La reforma impactará directamente a los jubilados de confianza de instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el debate en lo particular en el recinto legislativo, pensionados de estas instituciones protestan al exterior exigiendo que se dé marcha atrás a la iniciativa que modifica el Artículo 127 constitucional.
Bajo esta nueva normativa, ninguna pensión de exfuncionarios de confianza podrá exceder el 50 por ciento del salario neto de la titular del Ejecutivo federal, de tal forma que el monto de las pensiones doradas quedarían por debajo de los 70 mil pesos.
En el palacio se legislativo mantienen la discusión de las reservas presentadas por partidos de oposición y aliados.
Montos otorgados no serán modificados retroactivamente
Con este proyecto, las autoridades mexicanas pretenden frenar el pago de pensiones millonarias a exfuncionarios de confianza y directivos de organismos públicos, bancos de desarrollo y empresas estatales. Los montos otorgados hasta ahora, que en algunos casos alcanzan un millón de pesos mensuales, no serán modificados retroactivamente, pero no se podrán repetir para nuevos casos.
La propuesta excluye de cualquier cambio a los empleados con contratos colectivos vigentes.
“Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, remarcó Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina.
La reforma se fundamenta en tres pilares: Austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera, según detalló Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
El objetivo es erradicar los beneficios extraordinarios para quienes se jubilan desde posiciones de alta dirección, principalmente en organismos descentralizados, fideicomisos y empresas estatales.
