El coordinador institucional en Fundar, Simone Haf, señaló que a pesar de que México ha sentado precedentes a nivel internacional en relación a su política de transparencia, lo que se ha logrado en más de una década como ejercicio de organizaciones de la sociedad civil y la voluntad política de los políticos “está en peligro”.
“Una de las amenazas actuales y la más preocupante es la imposición de sanciones a los servidores públicos de los organismos garantes cuando revelen información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños y perjuicios a los Sujetos Obligados”, precisó.
Y agregó: “Esto es una mordaza para los servidores públicos, lo que agrava considerablemente el hecho de que este grupo de personas históricamente tiende más a la opacidad que a la transparencia. Dígame Usted ¿Qué funcionario que por idiosincrasia tiene dudas sobre la utilidad de abrir información a la ciudadanía, va a tomar una actitud en favor de la transparencia bajo el riesgo de recibir una sanción? Creo que todos conocemos la respuesta”.
Esta es una de las preocupaciones principales – agrega el artículo publicado en El Universal- que hemos expresado como parte del Colectivo por la Transparencia, conformado por 14 organizaciones, sobre la Iniciativa que el pasado 2 de diciembre fue presentada ante el pleno del Senado por legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM y que sustentará el contenido y alcance del derecho de acceso a la información protegido en el Artículo 6º de la Constitución.
“Cabe subrayar que la aprobación de la iniciativa de Ley General de Transparencia es una condición sin la cual la reforma constitucional en materia de transparencia no podrá ser concretada, y por ende sus beneficios serán pospuestos. Si esta Iniciativa no se aprueba en el plazo constitucional que finaliza el próximo 7 de febrero de 2015, se pone en riesgo un Sistema Nacional de Transparencia eficaz. Esto sobre todo porque el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no podrá ejercer sus atribuciones constitucionales, debido a que no podrán homologarse las leyes locales, y porque no podrán establecerse procedimientos para asegurar la transparencia y el acceso a la información en sindicatos y partidos políticos, entre otros”, dice.
Haf puntualiza que la iniciativa presentada en el Senado el pasado 2 de diciembre es de “preocupación”, no obstante se deben de tomar en cuenta los puntos positivos de la iniciativa: la nueva Ley General de Transparencia vendrá a hacer públicas declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; Sindicatos, partidos políticos y asociaciones civiles que reciban y ejerzan recursos públicos serán sujetos obligados de la LGT; se ataca la inexistencia, pues los sujetos obligados que no tengan la información y sea parte de sus atribuciones deberán generarla.
Así como el IFAI se fortalece y se convierte en INTAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información). Ahora tendría facultad de atracción y de revisión de las resoluciones locales; para reservar información, los sujetos obligados tendrán que demostrar que existe un daño presente, probable y específico.
