(13 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luego de dejar a sus hijos en la escuela, una madre, que se dirigía a sus actividades diarias, fue detenida por soldados, sin tener motivo alguno, y tampoco un documento que indicara la orden de arresto.
Ella fue llevada a una base militar en Tijuana, donde un fiscal federal la interrogó, para después quedar en una situación de arraigo durante una semana, en aquella zona militar.
Según el informe “Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, realizado por Open Society Justice Initiative, se describe que la víctima dio a conocer que durante el tiempo que estuvo dentro del sitio, un grupo de soldados la violó.
Dicho abuso sexual se dio en tres ocasiones, además de la tortura sexual, la física incluyó administraron de descargas eléctricas, también la asfixiaron, cortaron su muñeca y amenazaron con dañar a sus hijos y a su pareja.
Lo anterior tenía el mismo propósito de cualquier detención arbitraria y tortura, ser obligada a firmar una confesión donde se auto inculpara, lo cual implicaba declararse culpable de delitos de narcotráfico y también incluía que ella aceptara la culpabilidad de otros detenidos.
Sin embargo, tiempo después, un juez federal la absolvió de los cargos por falta de pruebas en su contra, sin embargo la tragedia no terminó ahí, por el contrario poco después varios soldados, algunos encapuchados tocaron insistentemente a la puerta de su domicilio, “la llamaron a gritos hasta que presentó una denuncia ante la PGR. En octubre de 2012, la CNDH concluyó que había sido sometida a tortura”, versa el informe.
La organización internacional asegura que, de igual forma que con los asesinatos, es posible discernir un aumento considerable en los casos de tortura, con base en las denuncias con respecto a este delito que se han presentado tanto ante la CNDH, como ante la PGR.
“Ambos organismos presentan un considerable aumento de denuncias después de 2006, aunque con patrones variables. De la misma forma que con otros crímenes, los datos de la CNDH muestran una evidente escalada de 2007 a 2008, y de nuevo un pico en 2011, con una reducción marcada en los siguientes años. Los datos de la PGR muestran un ascenso lento hasta 2011, seguido por un incremento pronunciado de acusaciones de tortura en 2013 y 2014”, se informa.
Se puntualiza en que las cifras son mayores a las que la PGR da a conocer acerca de las tendencias en la incidencia actual de tortura durante este período.
Por lo que habla de un patrón de las denuncias ante la PGR, el cual ejemplifica “de mejor forma” la disposición de la institución de aceptar las denuncias de este tipo, de la misma manera que con los crímenes atroces.
“Las evaluaciones de los datos presentados por la CNDH con respecto a la tortura se encuentran teñidos de criticismo lo cual se muestra en la tendencia de la organización a clasificar las denuncias por tortura como actos de menos severidad. Mientras que el número total de denuncias por tortura de 2007 a 2015 fue de 187, esa cifra salta a 9 mil 401 si se añaden las denuncias por crueldad, trato inhumano o degradante”.
El informe usa a modo de comparación, que entre 2001 y 2006, un período que comprende en parte a la administración de Fox, hubo un total de mil 514 denuncias de tortura y malos tratos ante la CNDH (en promedio 252 por año).
En los siguientes seis años de 2007 a 2012 (correspondiente al mandato del Presidente Calderón), esta cifra más que se cuadriplicó a 7 mil 55 (en promedio mil 176 por año). De 2013 a 2015 (aproximadamente la primera mitad de la administración de Peña Nieto) se presentaron 2 mil 539 denuncias (en promedio 846 por año).
Sobre estos datos, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura ha tomado nota de estos patrones y el considerable aumento del número de denuncias.
En su informe de diciembre de 2014, concluyó que “la tortura y los malos tratos se encontraban a una escala tal como para considerarse como generalizados en México”.
El informe Atrocidades innegables argumenta que el gobierno federal debe tomar medidas extraordinarias para hacer frente a una crisis extraordinaria que pone en peligro el desarrollo futuro del país; debe invitar a una comisión internacional con facultades para investigar las atrocidades y la gran corrupción de forma independiente, con el objetivo de presentar los casos ante los tribunales mexicanos.
A su vez, se asegura que “los líderes mexicanos pueden romper con las políticas de negación y obstrucción, y empezar a construir la confianza de los mexicanos en el sistema de justicia ya ausente por mucho tiempo. Hacer esto será crítico para terminar con la epidemia que sufre México de asesinatos, desapariciones y tortura”.
Las investigaciones de casos en los que se aplicó tortura física y sexual, llevan a Open Society Foundations, a comprobar que “los torturadores son las autoridades federales involucradas en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado. Existe una conexión entre la estrategia de seguridad para combatir el crimen organizado, establecida a finales de 2006, y la incidencia de tortura y malos tratos por parte de las autoridades federales responsables de la implementación de dicha estrategia”.
Además se menciona que la CNDH documentó tortura en el 56% de sus recomendaciones dirigidas al Ejército de México en 2008 (20 de 36), 52% de los casos de 2009 (16 de 31) y 42% en 2010 (10 de 24). De todas las denuncias de tortura recibidas por la CNDH de 2006 a 2014, elementos del Ejército y la Marina fueron los presuntos autores en el 71% de los casos.
Sin embargo, en ambas administraciones, la de Calderón y la de Peña Nieto, “la falta de rendición de cuentas obedece a razones políticas. Los funcionarios del gobierno mexicano de alto rango han negado y minimizado la magnitud y naturaleza de los crímenes atroces en México y a través de políticas, han promovido activamente y permitido que dicha impunidad prevalezca.
Entre estas, la política clave ha sido una sólida resistencia a la rendición de cuentas referentes a crímenes atroces cometidos por los miembros del ejército. Al parecer, todavía se fomenta una política del uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza en contra de la población civil en la lucha contra el crimen organizado debido a la carencia de repercusiones para los transgresores que cometen crímenes atroces”, puntualiza el documento.
