El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió este martes cualquier participación de autoridades mexicanas en la eliminación de la lista de sanciones publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señalaba a presuntos colaboradores del cártel de “La Mayiza” en Baja California.
“Fue un error de Estados Unidos”, aclaró Harfuch al ser cuestionado sobre el retiro del esquema del sitio oficial del Tesoro, donde aparecían nombres de empresarios y políticos supuestamente ligados a una red de lavado de dinero en Playas de Rosarito.
Entre los señalados figuraba la diputada federal de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, cuyo nombre fue eliminado del documento tras la rectificación de las autoridades estadounidenses.
Sheinbaum: México investiga con base en sus propios procesos
Durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema fue abordado tras la polémica generada por el retiro de la lista. La mandataria respaldó la postura de Harfuch y destacó que México actúa con base en investigaciones propias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Ellos (Estados Unidos) envían información a la UIF o a Hacienda, según el caso. La UIF hace su propia investigación. En caso de encontrarse algún indicio de lavado de dinero o alguna irregularidad, la UIF, a través de los mecanismos legales, congela la cuenta”, explicó Sheinbaum.
La presidenta añadió que ambos países mantienen coordinación constante en materia de inteligencia financiera y combate al crimen organizado, pero aclaró que las acciones mexicanas se realizan de manera autónoma y bajo procesos legales internos.
“Caminamos juntos en la lucha contra la delincuencia organizada”, concluyó.
El error que obligó a retirar el documento
El 18 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publicó un organigrama digital con nombres, rostros y 15 empresas presuntamente vinculadas al lavado de dinero en Baja California. El documento señalaba a la diputada Hilda Araceli Brown, a un empresario identificado como Mario Alberto Herrera Sánchez, y a negocios turísticos de Playas de Rosarito y Ensenada.
Sin embargo, días después, el esquema fue retirado del sitio oficial tras detectarse errores en las identidades de algunos señalados, entre ellos el caso de un barbero de Ensenada que fue confundido con uno de los supuestos operadores financieros del cártel.
La estructura señalada en el esquema
De acuerdo con el documento original, la supuesta red financiera estaría relacionada con los hermanos Arzate García, aliados de Los Mayos —una de las fracciones del Cártel de Sinaloa—, y utilizaría bares, restaurantes y negocios turísticos como fachadas para mover recursos ilícitos en el corredor costero de Baja California.
Entre los nombres mencionados figuraba Jesús González Lomelí, propietario de Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, quien habría actuado como enlace financiero entre los operadores locales y líderes del cártel, entre ellos un jefe identificado como “El Ruso”.
México mantiene investigación independiente
Pese a la eliminación del esquema por parte de Estados Unidos, México continúa con sus propias líneas de investigación a través de la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de confirmar si existieron movimientos financieros irregulares en los establecimientos o personas mencionadas.
Un mensaje de precisión y soberanía
La aclaración de Harfuch y Sheinbaum busca cerrar especulaciones y reafirmar la independencia del sistema de justicia mexicano, en un contexto donde la colaboración internacional contra el lavado de dinero exige precisión y transparencia.
La eliminación de la lista de la OFAC, refuerza la importancia de los mecanismos de verificación y contraste de información, tanto en México como en Estados Unidos.
Con ello, el gobierno federal envía un mensaje claro: las investigaciones en materia de seguridad y finanzas deben basarse en hechos comprobables, no en errores administrativos ni en filtraciones digitales.
