La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanzó un mensaje directo al sector minero: las denuncias sobre infiltración del crimen organizado deben formalizarse ante el Ministerio Público para que se activen investigaciones y posibles sanciones.
La respuesta se da tras los señalamientos del Sindicato Nacional Minero, que advirtió sobre la presunta intervención de grupos criminales en la vida sindical y en operaciones de empresas del ramo.
Advertencia: posible delito y afectación a derechos
En una postura oficial, la STPS dejó claro que los hechos señalados no son menores:
“De confirmarse estos hechos, no solo constituyen una grave vulneración a la libertad sindical y a los derechos colectivos de las y los trabajadores, sino también la probable comisión de delitos que deben ser perseguidos con todo el peso de la ley”.
La dependencia subrayó que observa el tema con “la mayor seriedad”, al tratarse de posibles afectaciones directas a los derechos laborales y al funcionamiento de las organizaciones sindicales.
Señalamientos del sindicato minero
Las alertas surgieron en el marco de la 44 Convención del sindicato, donde su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, acusó que en diversas empresas se replican prácticas de presión vinculadas a grupos criminales.
Entre las compañías señaladas se encuentran Plata Panamericana (Zacatecas), Américas Gold and Silver (Sinaloa) y Torex Gold (Guerrero), donde, según el sindicato, existirían intentos de intervención en la vida sindical.
Llamado a formalizar denuncias
Ante este escenario, la STPS fue enfática en el siguiente paso:
“Las denuncias se formalicen ante las autoridades competentes, a dar vista al Ministerio Público para que éste pueda iniciar las investigaciones que correspondan”.
Además, la dependencia reiteró que coadyuvará con instancias de seguridad y procuración de justicia, priorizando la protección de los trabajadores y la legalidad en los procesos sindicales.
Antecedente en el marco del T-MEC
El contexto reciente refuerza la preocupación. Un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC determinó que en la mina Camino Rojo, en Zacatecas, de la empresa Orla Mining, hubo “aquiescencia” ante amenazas y coacción del crimen organizado contra trabajadores sindicalizados.
Este antecedente coloca el tema en una dimensión internacional, donde la libertad sindical y las condiciones laborales están bajo observación.
