La aprobación de la ley contra la desaparición forzada, una legislación para desplazados y niños migrantes y la iniciativa de Enrique Peña Nieto sobre matrimonios igualitarios, fueron algunas de las garantías constitucionales, que el representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, y el ombudsman Luis Raúl González Pérez solicitaron en el Senado.
Lo anterior, dentro de su participación durante el informe de labores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la cual fue presidida por Angélica de la Peña; ambos funcionarios de la ONU coincidieron en que, “las expresiones de intolerancia y discriminación no deben inhibir el quehacer legislativo de un Estado que se asume laico en su Constitución. La discriminación no encuentra causa alguna que la justifique”.
En tanto, durante su participación, Peña Palacios reiteró que la ley sobre desaparición forzada “aguarda, cada día con mayor impaciencia, su aprobación por el Senado”, al igual que las reformas a la Ley General de Víctimas, dada “la frustración provocada por su lenta implementación”.
También señaló que en estos días “cuando los ojos del mundo están puestos en la Asamblea General de Naciones Unidas y luego del discurso de Peña Nieto sobre refugiados y migrantes, “es imperioso que el Senado impulse la agenda legislativa que guarda relación con los derechos de las personas en el contexto de la movilidad humana”.
Por lo que urgieron el “avance en la confección de un nuevo marco legislativo que reconozca plenamente el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo, la protección a la niñez migrante y tutelar los derechos de las personas desplazadas”, enfatizó Peña Palacios.
Por su parte, el presidente de la CNDH, dijo que “otras asignaturas legales pendientes son posibilitar que los organismos de derechos humanos gocen de los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones, así como las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y la del desplazamiento forzado interno”.
También se recalcó que “en materia de derechos humanos no puede haber intereses o conveniencias de ningún tipo. El reconocimiento, defensa y protección de la dignidad humana no es algo que se pueda o deba negociar, ni puede ser materia de transacción o moneda de cambio”.
