(29 de mayo, 2016).- Funcionarios podrían librarse de hacer pública su declaración anual, su logran frenar la ley ‘3 de 3’. Ya que se ha presentado un proyecto de dictamen del sistema nacional anticorrupción, el cual corre a cargo del presidente de la comisión en la materia del Senado, Pablo Escudero.
Éste se basa fundamentalmente en la iniciativa de PRI y PVEM, y deja fuera la parte central de la llamada ley 3 de 3, ya que establece que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y su cónyuge sólo podrán hacerse públicas si éstos lo autorizan.
Los senadores Armando Ríos Piter y Juan Carlos Romero Hicks coincidieron en que insistirán este lunes, cuando se discutirá el proyecto en comisiones, en que se incluyan las 30 observaciones que formularon, “entre ellas la obligatoriedad de los funcionarios de hacer públicos sus bienes y fortunas, junto con la de su familia, hasta el segundo grado”.
Aunque es posible que la discusión nada logré, puesto que la intención de PRI y PVEM es que el dictamen se apruebe en lo general y llevar la discusión en lo particular al pleno del Senado, durante el periodo extraordinario, que, de aprobarse, comenzaría el 13 de junio.
El proyecto de dictamen que Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, se dio a conocer el vienes por la noche, entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras y se remitió al presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Zuarth.
El dictamen de 782 páginas, incluye la transcripción de los foros de consulta realizados y un análisis de las cuatro iniciativas anticorrupción. Asimismo se propone establecer una versión pública de la declaración patrimonial de los servidores públicos, que no incluirá montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y muebles.
Sin embargo, dicho contenido tampoco podrá ser público, solamente si los servidores así lo autorizan, bajo el argumento que, esos datos estarán reservados, porque corresponden a la esfera de la privacidad más íntima de los servidores públicos, así como de sus cónyugues y dependientes económicos, a efecto que “no se configure un daño excesivo a la intimidad, incluso a la seguridad de las personas”.
Ríos Piter aseveró que, ya se analiza el proyecto que Escudero les remitió, pero votarán contra esa propuesta e insistirán en que la publicidad de la declaración patrimonial debe ser obligatoria para el funcionario y su familia hasta el segundo grado, como se planteó en la iniciativa ciudadana conocida como ley 3 de 3.
