Ilustración: Pe Aguilar
(29 de junio, 2015).- Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando catorce policías municipales derribaron de forma violenta el portón de una casa y entraron en ella, gritan y amenazando a las personas que ahí estaban, una de ellas era Gabriel Domínguez, de 33 años, quien al verlo los elementos, comenzaron a golpearlo sin detenerse, por medio de patadas, macanas y armas de fuego, además de soltar a un perro entrenado para que también lo atacara.
Silvia Domínguez, hermana del agredido, narra a Revolución TRESPUNTOCERO, “los policías no llevaban ninguna orden de aprehensión, tampoco un documento que demostrara que buscaban a Gabriel, o se le culpaba de algún delito, ellos no se detuvieron nunca, bastó segundos para verlo e inmediatamente comenzaron a ultrajarlo, dentro de su domicilio en el municipio de Reforma, Chiapas”.
Mientras golpeaban e insultaban a Gabriel le decían que él se había robado un carro y que no podía negarlo. Ellos aseguraban que al perseguir al supuesto delincuente vieron que había entrado en esa casa, ante los gritos y el escándalo que se suscito, los vecinos corrieron a defender al hombre que pedía lo dejaran “porque lo estaban matando”.
Sin embargo, los policías les apuntaron con las armas y les dijeron “no se metan, o se los va llevar la chingada”, fue así como se replegaron, pero no pararon de gritar que Gabriel era inocente, que no era el supuesto delincuente a quienes ellos buscaban, de lo cual los elementos hicieron caso omiso.
Cuando Gabriel parecía estar débil para gritar, sin que por ello dejara de quejarse, lo subieron a la góndola de la patrulla y se lo llevaron, “vimos como uno de los policías se colocó encima de él y provocó que se zafará el hueso de la columna de mi hermano, el perro que llevaban, lo siguió mordiendo, le aventaron tierra en la cara, y lo siguieron golpeando con sus armas”, explica Silvia.
“Los policías no llevaron a mi hermano a ningún centro de detención, sino que después de haberlo golpeado y torturado, lo trasladaron a un centro de salud que se encontraba a ocho cuadras de nuestro domicilio, esto para que según ellos, le brindarán primeros auxilios, pero él ya estaba muerto.. muerte por detención”, asegura Silvia.
Cuando los familiares de Gabriel se presentaron a las oficinas de la policía municipal, no les dieron razón alguna del caso y comentaron que no tenían conocimiento del mismo; “yo logré encontrar a mi hermano porque pasé por el centro de salud y vi que algunas patrullas se retiraban del lugar, lo que hizo que entrara a preguntarle a uno de los doctores sobre algún paciente con las características que presentaba mi hermano”, narra Silvia.
En efecto, Gabriel estaba ahí y el médico la enteró que había llegado muerto; “cuando yo reconocí su cuerpo pude ver de cerca los golpes de macanas, las patadas, y la tierra en sus ojos y boca, además de las carcas de las botas de los policías, en sus mejillas, además de las mordidas profundas de los perros, que llegaron a tocar sus huesos. Toda esa tortura en contra de mi hermano duró a penas 10 minutos, fue tiempo que tardaron en matarlo”, puntualiza Silvia.
Además explica, “derivado de los golpes, le quebraron las costillas las cuales se clavaron en un pulmón y en el hígado. Según el diagnóstico, su muerte fue provocada por un shock hipovolémico, productos de la pérdida grave de sangre, que hizo que el corazón fuera incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, y sus órganos dejaran de funcionar, según el médico legista también hubo un grave golpe contuso, que ya de por si había complicado la situación”.
En el expediente del caso se da cuenta que los elementos declaran qué en efecto, buscaban a otro delincuente, de nombre ‘Mauricio’ y que no era Gabriel, incluso aceptaron su equivocación, “pero aún con esas declaraciones y otro tipo de pruebas, no se ha hecho justicia, al contrario se presentaron testigos falsos, y aunque nosotros solicitamos una reconstrucción de hechos con los testigos que en ese momento estuvieron, por ser vecinos, se nos fue negada”, afirma Silvia.
Y asevera, “los policías, junto al representante del ministerio público fueron absueltos del caso, e incluso se les reincorporó a su trabajo, sin que existiera una notificación a familia de la determinación tomada, aunque recurrimos a la Comisión de Derechos Humanos, nos dieron largas, nos decían que el proceso iba bien y que sí habría justicia, sin embargo con el paso del tiempo, me enviaron un papel donde me documentaban que el caso estaba cerrado y lo hicieron semanas después que presente mi queja, y aún así me siguieron engañando y dando largas”.
Recientemente se dio el primer acercamiento con el gobierno estatal, por medio de el subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos, Mario Carlos Culebro Velasco, “él me envió a buscar y me dijo que quería llegar a un acuerdo conmigo, sin embargo me citó en tres ocasiones, pero no me atendía o me daba largas, cuando lo hizo, en un primer momento, me aseguró que era la Procuraduría General de justicia del Estado de Chiapas, quienes no querían colaborar con la investigación y solamente me dijo que no podía intervenir, pero que ya tenían conocimiento de los hechos”, comenta Silvia.
Y asegura, “este señor me engañó, con el supuesto acuerdo, y solamente se centró en en una respuesta poco convincente, donde aseguró que la Procuraduría no tiene ningún tipo de acción o mecanismo para juzgar e investigar puntualmente este tipo de delitos, pero con cinismo dijo , que nada se podía hacer, ya que la PGR no se haría cargo de la investigación de los hechos”.
“En resumidas cuentas, la PGR no tiene un área que proteja a las victimas de este tipo de hechos, es por ello que el gobernador de Chiapas de nada sirvió, ni servirá, porque hace caso omiso ante las tragedias, porque en mi caso, ni siquiera estaba enterado que hubiera pasado una muerte así”, afirma Silvia.
Amnistía Internacional (AI), alertó en días pasados, que la lucha en México contra la impunidad en violaciones a derechos humanos, por parte de elementos armados, todavía se encuentra lejos de alcanzar el camino hacia la justicia.
“A pesar de que la tortura es generalizada en México y de que han aumentado las quejas por este flagelo en un 600 % en los últimos diez años, existen únicamente siete sentencias condenatorias entre 2005 y 2013″, denuncia AI, en un comunicado.
Según el Centro de Derechos Humanos Frayba,“el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno federal y de su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, que llevó a la gobernatura a Manuel Velasco Coello, han dado continuidad a aspectos como: la construcción de un enemigo interno, para justificar la restricción de derechos a la población; el aumento de la militarización en comunidades indígenas y zonas urbanas lo cual ha intensificado las violaciones a los derechos humanos. (Por medio de la tortura)”.
En este contexto de militarización de la vida civil, la práctica de la tortura ha sido (y se prevee que seguirá siendo) recurrente al verse fomentada por el diseño mismo de las actuales políticas públicas en materia de seguridad pública. La participación de todas las fuerzas armadas en la detención, retención e interrogación de civiles, comienza por una privación ilegal de la libertad y culmina en un proceso judicial donde se admiten declaraciones bajo tortura, o en muchos casos, muerte por detención.
