El miércoles 15 de marzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una demanda contra Genaro García Luna ante la Procuraduría General de la República (PGR), por su manejo del caso de Florence Cassez. La ciudadana francesa, acusada de secuestro, fue liberada en febrero de 2013 cuando la Corte Suprema determinó que se habían cometido faltas graves al debido proceso en su contra. La demanda busca resarcir a las víctimas y castigar a los funcionarios que con su proceder frustraron la acción de la justicia.
García Luna y otros 20 funcionarios del Ministerio Público Agencia Federal de Investigación (AFI) –corporación policiaca ya extinta– fueron demandados por delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público debido al montaje televisivo que llevaron a cabo en diciembre de 2005, cuando presentaron ante las cámaras un operativo en el que la francesa y otros miembros de la banda de “los Zodiaco” fueron supuestamente detenidos en flagrancia. Sin embargo, la CNDH no acusó a ningún miembro del equipo televisivo que se prestó al montaje, a sabiendas de que presentaban información falsa.
Entre las irregularidades que violaron el debido proceso, la CNDH menciona “omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia, [y] negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron”, las cuales violaron los derechos tanto de los acusados como de las víctimas. García Luna, Secretario de Seguridad Pública y funcionario predilecto de Felipe Calderón, gozó de impunidad hasta el final del sexenio pasado y no se ha presentado en público desde entonces.
