Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(01 de junio, 2015).- El gobierno opresor de Rogelio Ortega Martínez, en Guerrero, está listo para una nueva encomienda más en este rubro ya que Ortega expresó que se actuara contra quienes “atentan en contra del Estado de derecho y sobre todo que se les ubica en flagrancia, que realizan acciones delictivas”, cuando se le preguntó acerca de lo hecho por los policías antimotines, que lanzaron gases lacrimógenos contra los padres de los 43 normalistas desaparecidos, cuando protestaban el viernes retirando propaganda electoral en el municipio de Chilpancingo.
Cabe señalar que el día de ayer Ortega dio un recorrido por las obras inconclusas de su polémico gobierno, tales como el llamado edificio inteligente y el Acabús, antes de los actos de cierre de campaña de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT), Beatriz Mojica Morga, y del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Astudillo Flores, que se desarrollaron por la tarde.
En declaraciones, el gobernador opinó que la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (FEPADE), deberá “dar un veredicto” de las denuncias que ha presentado el PRI contra él y su gobierno, por presuntamente apoyar a la candidata Mojica.
En torno a los “focos rojos” que representan municipios, ante el inminente proceso electoral del próximo domingo, indicó que en ese contexto sólo está Tlapa y Tixtla, sin embargo prevé que habrá una operación especial “en lugares que están ubicados como focos rojos de conflictividad, por la presencia de la delincuencia organizada, o todavía porque hay secuelas del conflicto político social que generó la tragedia de Iguala”, en referencia a las protestas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que impidió el sábado el cierre de campaña del candidato del PRI, al realizar un bloqueo y la quema de propaganda.
Y enfatizó:“Por supuesto que tomaremos medidas especiales, para que se garantice a las ciudadanas y ciudadanos de Guerrero emitir su voto de manera libre, consciente y voluntaria”. Se le preguntó por los municipios donde no existen condiciones para realizar las elecciones, y respondió que son Tlapa y Tixtla. Se le preguntó por Chilpancingo, Acapulco, Tecoanapa, Ayutla y San Luis Acatlán, a lo que sólo sonrió.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, el miércoles se pronunció por que si no liberan a los presos de la organización, como Nestora Salgado, Gonzalo Molina y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CEPOC), Marco Antonio Suástegui, no permitirán las elecciones en los municipios donde tienen presencia, en una visita que hizo el gobernador a su casa de justicia. También el Consejo Municipal Popular de Ayutla se ha pronunciado por el boicot.
Sobre el actuar de la policía antimotines contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y activistas, el viernes en Chilpancingo, a los que agredieron con gases lacrimógenos mientras retiraban propaganda electoral cerca del mercado central, el gobernador respondió que: “Es delito electoral atentar en contra de la propiedad, (ese) es el protocolo para intervenir frente a colectivos o personas en lo individual que realizan acciones delictivas”, subrayó.
A su vez Ortega expresó que se actuará “contra todas las personas que violan el estado de derecho, independientemente del nombre que tengan, y los apellidos que tengan. Las personas que atentan en contra del estado de derecho, sobre todo que se les ubica en flagrancia y en el lugar donde cometen ilícitos, por supuesto que tiene que intervenir la autoridad”.
Del anuncio de los familiares de los desaparecidos en Chilapa, quienes se pronunciaron en contra las elecciones, expresó: “Es una demanda que todo padre, que todo familiar hace, no quisiéramos que ni un segundo que pasara sin saber dónde están nuestros hijos, eso es absolutamente entendible, y por su puesto actuamos en coordinación y conjuntamente con las autoridades federales, para la búsqueda de las personas desaparecidas”.
