(20 de junio, 2016).- Al omitir medidas para garantizar seguridad jurídica y procuración de justicia, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como el gobierno del estado de Baja California Sur (BCS), violaron las garantías de los rarámuris o tarahumaras que sufrían explotación laboral en los campos agrícolas del municipio de Comondú, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Carlos Mendoza Davis, gobernador de la BCS, y Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo, no consideraron la situación de vulnerabilidad de los rarámuris, pese a que había menores de edad.
Los delitos por estos hechos son trata de personas, privación de la libertad, explotación laboral e infantil e incluso violaciones de los derechos humanos, aseguró la CNDH.
Fue en marzo de 2015, como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO, rescataron a 200 trabajadores agrícolas, entre ellos mujeres y niños, originarios de la sierra Tarahumara que eran víctimas de explotación y fueron contratados con engaños en municipio de Chihuahua, para trabajar para la empresa Corporativo El Cerezo, Sociedad Agrícola.
La STPS violó derechos laborales, no brindó atención, asesoría y orientación, como lo declararon dos jornaleros que escaparon e hicieron público el caso de explotación; mientras que la Procuraduría General de Justicia local no dio medidas de protección y seguridad para ninguno de los trabajadores agrícolas.
