(04 de mayo, 2014).- La nueva política migratoria en México, parece recrudecerse en un cero tolerancia hacia el flujo migratorio en territorio nacional. En pocos días se han aumentado los retenes, las detenciones, las deportaciones, han desaparecido albergues. El Instituto de Migración y la Policía Federal hacen redadas para detener a migrantes a toda costa, incluso, sobre la violación de derechos humanos.
En recuento, el día 27 de abril en Villahermosa se detuvieron a 100 migrantes mientras en Emiliano Zapata, Tabasco, se detuvo a 300 el pasado miércoles 30. Pero la historia no cesó, el pasado primero de mayo en Palenque, Chiapas, se detuvo a 150.
A la cifra se suma el episodio, alrededor de las 4:00 horas de este 2 de mayo, cuando el Instituto de Migración y la Policía Federal hicieron una redada en Pakalná, Chiapas, donde -de acuerdo a denunciantes-, se registró una agresión sexual y heridos.
“Parece que el mensaje que nos está queriendo enviar el comisionado del INM, Ardelio Vargas, es: aquí nadie va a pasar”, declaró el director del refugio hogar La 72 de Tenosique, Tabasco, fray Tomás González.
Sin embargo, ante las detenciones, parecen venir las deportaciones.
La noche del 2 de mayo, de acuerdo al diario La Jornada, se informó que un “grupo grande” de ciudadanos centroamericanos detenidos en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, fue deportado sin que el Instituto Nacional de Migración (INM) permitiera el acceso de los detenidos a la defensa que les ofrecía el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Por ello, la Red Todos los Derechos para Todos y para Todas emitió una acción urgente dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y autoridades del INM y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar el alto a la deportación, en este caso, de los 300 migrantes detenidos en Tabasco.
“Deploramos la actuación del gobierno federal que, por una parte, simula ante la sociedad civil al entregar visas a los integrantes de una caravana de migrantes unos días antes y detiene, hostiga intenta deportar a personas migrantes unos días después.
Es indispensable que la actuación del gobierno de México se ciña a los principios de humanitariedad, asilo, asistencia y garantía de derechos que debiera regir la política migratoria del país” señalaron organizaciones de derechos humanos a través de un comunicado.
Defensores de derechos humanos como Rubén Figueroa y Fray Tomás, miembros del albergue La 72, fueron agredidos y golpeados por policías y el Ejército al tratar de entablar diálogo en el momento de la detención de migrantes en el estado de Tabasco.
Figueroa recibió un golpe en la cara mientras a Fray Tomás le ocasionaron una lesión en el brazo, ambos ocasionados por quienes encabezaban el operativo, el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal.
En el comunicado firmado entre otros por La 72 Hogar Refugio para personas migrantes, fray Raúl Vera, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la Casa Migrante de Saltillo, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Equipo Indignación, se declararon preocupados por la política migratoria del gobierno federal, además de exigir la libertad de los migrantes detenidos, respetar la labor de los defensores y sancionar a quienes han ordenado los operativos.
A los retenes y acoso hacia centros de defensoría de derechos humanos de los migrantes, se suman las acciones adoptadas por autoridades y empresas ferroviarias que operan los trenes en la zona de flujo de migración para evitar que los migrantes puedan abordarlos.
Migrantes han señalado que en puntos de abordaje como la Chontalpa tabasqueña, están tomados por la Policía Federal, mientras otros puntos de abordaje donde los trenes deben detenerse para realizar maniobras, lo hacen en el menor tiempo posible, no obstante aceleran en los puentes o en el peor de los casos, llegan al extremo de desenganchar los vagones donde los migrantes llegan a subir.
Para fray Tomás, los operativos intentan “taponar” la vía que históricamente utilizan los migrantes indocumentados, una represalia por la denuncia pública que hicieron cientos de ellos durante la Semana Santa con el Viacrucis del Migrante, que orilló a las autoridades mexicanas a otorgar visas legales de regularización de su estancia en territorio
