(26 de enero, 2016).- Los últimos días las funciones y efectividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han dado mucho que desear; ya no es el proyecto Tajamar, ahora es sobre un confinamiento de desechos peligrosos tóxicos en el rancho Palula, entre Zacatecas y San Luis Potosí ilegal.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa) fue violada cuando se permitió tal tiradero que podría contaminar miles de litros de agua potables del subsuelo.
Juan José Hernández Estrada, integrante de la asociación Pro San Luis Ecológico fue el encargado de dar el aviso de la ilegalidad, a su vez que externava que tal proyecto fue explicado a la dependencia gubernamental y a la sociedad de manera distinta a como quedó realmente.
“Tres funcionarios del ayuntamiento saliente de Santo Domingo, San Luis Potosí, dieron un permiso de cambio de uso de suelo, no para un confinamiento, sino para un ‘proyecto sustentable de manejo de materiales industriales’, que tendría que ver con procesos que supuestamente beneficiarían a la flora y la fauna”.
Acotó que los funcionarios de Santo Domingo “otorgaron el permiso sin conocer la MIA (manifestación de impacto ambiental), que se otorgó después. Y tenía que ser al revés: primero la Semarnat debió haber estudiado, revisado y aprobado la MIA que hizo la empresa, y no se hizo. Es contradictorio: primero dieron el cambio de uso de suelo y después expidieron la MIA”.
El clero a través del sacerdote Gustavo Alfonso Tapia Pérez también se mostró a favor de los campesinos a quienes los calificó de inteligentes y trabajadores lamentó que los ahora dueños del proyecto de Palula “traten a esta gente como si su tierra no sirviera para otra cosa más que para colectar desechos. Esta tierra es productiva para la ganadería y la agricultura”.
“Posiblemente un campesino o un ganadero no tenga formación científica o académica, pero son personas inteligentes, con lógica, que captan que detrás de esto hay algo que no está bien”, señaló el cura.
