(28 de Marzo, 2016).- El gobierno de Oaxaca, encabezado por el perredista Gabino Cué, construyó un nuevo estadio con dinero desviado del fondo para combatir la pobreza y cuyo costo de multiplicó.
El nuevo recinto será ocupado de manera exclusiva por los Alebrijes de Oaxaca, equipo de la Liga de Ascenso Mx, que es propiedad del Deportivo Tecamachalco, de empresarios del Estado de México.
El inmueble tardó tres años en construirse, y su costo de disparó en un 70 por ciento al valor contratado.
De acuerdo con el diario Reforma, en 2013, mediante la licitación LO-920015995-N4-2013, la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra) asignó el contrato de esta obra a la empresa ICA por un monto de 196 millones 372 mil 707 pesos, según consta en el acta de fallo.
El mandatario estatal informó que esta nueva construcción costó 335 millones de pesos, es decir, 138.6 millones de pesos más del valor acordado en un inicio con la constructora.
“El estadio será responsabilidad del Gobierno del Estado. Es del Gobierno del Estado, lo vamos a tener durante varios años, y en su momento, pasará a ser propiedad del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). Lo va a administrar, por lo tanto, el Gobierno del Estado” dijo Gabino Cué.
El inmueble tiene una capacidad de 15 mil personas, está localizado en un predio que en las últimas décadas estaba bajo custodia del ITO.
Es un recinto deportivo que emula el juego de pelota, cuyas ruinas se localizan en la zona arqueológica de Monte Albán. Está equipado con vestidores, cancha con césped natural y con las medidas reglamentarias fijadas por la Federación Mexicana de Futbol, locales comerciales, sala de prensa, palcos y estacionamiento para 600 vehículos.
Para el partido de inauguración los Alebrijes se enfrentaron a los Pumas de la UNAM, cuyo costo fue de 150 pesos para adultos y 20 para niños.
Cué desvió 200 millones de pesos del Fondo Regional (Fonregión), recursos federales que se otorgan a los 10 estados con menor Índice de Desarrollo Humano, para construir el estadio.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño a la cuenta pública de 2013.
