La actual administración morenista de San José Iturbide, encabezada por el alcalde Edgar Montes de la Vega, destapó una red de irregularidades, multas económicas y riesgos de protección civil que acompañan el historial de la empresa Gas Natural del Noroeste, inmueble donde la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Paz aseguraron recientemente 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito.
De acuerdo con el desglose del gobierno municipal, el complejo de almacenamiento edificado en la comunidad de La Fragua comenzó a operar bajo una cadena de autorizaciones iniciada en el periodo 2012-2015 por el alcalde panista Filiberto López Plaza. Posteriormente, en el trienio 2015-2018 liderado por el alcalde del PVEM César Rodríguez Zarazúa, la compañía recibió una multa de 150 mil 980 pesos por construir tanques sin permisos de uso de suelo.
Pese a la sanción, ese mismo ayuntamiento aceptó en mayo de 2017 una donación de un millón de pesos por parte de la empresa para un camión de basura y autorizó el cambio de dueño a favor de Gas Natural del Noroeste, elevando la factibilidad de la planta a 38 millones de litros.
El centro de almacenamiento fue inaugurado formalmente en diciembre de 2017 por el entonces secretario de Energía federal, Pedro Joaquín Coldwell, el gobernador panista Miguel Márquez Márquez y el alcalde Rodríguez Zarazúa, en alianza comercial con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan.
Para febrero de 2018, el Cabildo amplió los permisos de almacenamiento hasta un volumen de 97.7 millones de litros de petrolíferos a través de cinco contenedores adicionales, alcanzando una capacidad máxima permitida de 100 millones de litros. El crecimiento de la planta continuó en octubre de 2019, cuando el entonces gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció el arribo de ferro-tanques con combustible importado de la petrolera Shell.
El incremento de la infraestructura generó el rechazo de los habitantes de La Fragua, quienes desde febrero de 2019 conformaron el Movimiento de Comunidades Unidas para denunciar daños cotidianos, propagación de olores a hidrocarburo y el riesgo latente para las escuelas cercanas.
Al respecto, el presidente municipal Edgar Montes de la Vega acusó que la planta opera sin un protocolo de atención médica o civil en caso de emergencias por accidentes, vulnerando la seguridad comunitaria. Ante este escenario, el munícipe exhortó a las instancias correspondientes a investigar posibles actos de corrupción cometidos en las administraciones pasadas durante la emisión de permisos.
El aseguramiento del hidrocarburo, que detonó la revisión del complejo, derivó de una investigación de la FGR iniciada el 3 de julio de 2026 con la captura del chofer de una pipa en San Luis de la Paz que no pudo acreditar la trazabilidad de su carga. Las indagatorias llevaron al Ministerio Público Federal a realizar un cateo definitivo en la planta de San José Iturbide, logrando el aseguramiento de 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina Premium y 18.2 millones de litros de diésel.
