(11 de septiembre, 2014).- La empresa minera Grupo México finalmente ha recibido una denuncia penal en su contra, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a razón de los daños ambientales que ha generado en el estado de Sonora, luego de haber derramado cobre y otros materiales tóxicos en ríos.
De esta forma, la mina Buenavista del Cobre podría ser clausurada temporal o definitivamente según las nuevas medidas de seguridad que se darán a conocer el próximo lunes 15 de septiembre, como resultado de las investigaciones.
Guillermo Haro, titular de la Profepa, anunció que los dictámenes fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que sea esta instancia la que informe en qué derivará la denuncia penal y la posible responsabilidad de los directivos de la empresa.
Entre las irregularidades denunciadas por la Profepa, y atribuidas en su totalidad a Grupo México, destacan daños a la salud de sus empleados y violaciones a la ley minera.
Asimismo, están las afectaciones a la flora y fauna, y a la calidad del agua en el río Sonora, que presentó altos niveles de arsénico, según los muestreos que llevó a cabo la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Lo preocupante, sin embargo, es que la mina Buenavista del Cobre no es la única con la que cuenta Grupo México; por el contrario, la empresa abarca el 48 por ciento de la producción mineral del país.
En tanto, Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que las subsidiarias de Grupo México -Buenavista del Cobre y la Operadora de Minas- ya han creado un fideicomiso de 2 mil millones de pesos, destinado a revertir los daños ambientales causados en Sonora, de manera inmediata.
“En caso de que el monto de 2 mil millones de pesos no sea suficiente, las empresas aportarán la cantidad adicional que se determine”, garantizó Guerra Abud. No obstante, habrá un Comité Técnico encargado de evaluar las peticiones y reclamos de los ciudadanos afectados.
Ante esto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aclaró que estos recursos no provienen del erario público.
