(02 de junio, 2014).- El pasado miércoles 28 de mayo se aprobó un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores para solicitar al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, un informe del estado que guarda la investigación sobre el incendio de la Guardería ABC y así confirmar las correspondientes responsabilidades de todos los involucrados.
Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pronunciamiento por parte de autoridades federales, aun cuando el pasado viernes 30 de mayo, padres de las víctimas, al mismo tiempo miembros del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, entregaron documentación a la presidencia y a la Procuraduría General de la República (PGR) en la cual solicitan a Enrique Peña Nieto intervenir para hacer justicia por los 49 niños y niñas fallecidos en la tragedia, así como para las decenas de heridos, ya que señalaron que la PGR ya cuenta con elementos suficientes para actuar en lo que catalogaron un incendio “intencionalmente provocado”.
Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, se aprobó el punto de acuerdo para solicitar a Murillo Karam un informe del estado que guarda la investigación, además de plantear la obligación del gobierno de Sonora y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de cumplir la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 18 de noviembre del año 2010, en la cual se señala que ambas instituciones se ven obligadas a reparar el daño causado por el fallecimiento y lesiones de las víctimas.
En la Cámara de Senadores los padres de las víctimas señalaron el pasado miércoles, que durante la candidatura de Enrique Peña Nieto a la presidencia, éste se comprometió a llegar “hasta las últimas consecuencias” para hacer justicia a los menores.
Los padres de las víctimas acudieron al Senado “para exigir justicia por la muerte de 49 inocentes, porque hasta la fecha se ha encubierto a los verdaderos culpables, los que asesinaron a nuestros hijos, porque el incendio fue un asesinato de Estado”, aseguró la señora Juanita Luna, madre de Jonathan, una de las víctimas.
Por su parte, la diputada Lorenia Valles Sampedro pidió a Murillo Karam, informar sobre las responsabilidades que tienen en el accidente tanto el gobierno de Sonora como el IMSS en la tragedia, insistiendo en que ésta no debe quedar impune de ninguna forma.
