México enfrenta de frente una realidad que no cabe en una sola explicación: la desaparición de personas tiene dos raíces históricas distintas, una vinculada al uso del poder desde el Estado y otra a la violencia del crimen organizado.
Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, presentó la actualización de la estrategia nacional de búsqueda, donde se establece que este delito se divide en dos etapas.
“Hablar de personas desaparecidas en nuestro país es doloroso”, reconoció.
Dos etapas: del poder político a la violencia criminal
La primera corresponde a la llamada Guerra Sucia, entre las décadas de 1950 y 1990, un periodo en el que la desaparición forzada fue ejercida desde el Estado y ordenada desde las altas esferas del poder político.
La segunda etapa inicia en diciembre de 2006, con la estrategia de seguridad conocida como guerra contra el narcotráfico, que dio paso a un periodo donde las desapariciones están asociadas principalmente a la delincuencia organizada.
“Las desapariciones son un delito que se puede separar en dos momentos históricos”, explicó Medina al detallar esta clasificación.
El giro legal: de la exigencia social a la ley
La respuesta institucional no surgió de manera espontánea. Fue resultado de la presión de colectivos de familiares, que obligaron a construir un marco legal sólido.
En 2017 se promulgó la Ley General en materia de desaparición, que marcó un punto de inflexión al establecer:
- La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)
- La integración del Sistema Nacional de Búsqueda
- La obligación de contar con fiscalías especializadas en los estados
- La implementación de protocolos de búsqueda e investigación
Además, se dio un paso clave: tipificar la desaparición cometida por particulares, ampliando el alcance del delito más allá del Estado.
Registros abiertos y sus límites
En una etapa posterior, se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, bajo un modelo de plataforma abierta donde cualquier persona podía aportar información.
Sin embargo, este esquema operó sin metodología ni lineamientos claros, lo que afectó la calidad y veracidad de los datos, obligando a replantear la estrategia.
Fue entonces cuando se impulsó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, enfocada en cruces de información oficial y coordinación con entidades federativas.
Nueva etapa: ciencia, datos y coordinación total
Con la actual administración, se plantea una nueva fase centrada en metodologías científicas, análisis de datos y fortalecimiento institucional, además de una colaboración directa con las familias buscadoras.
Entre los ejes principales destacan:
- Revisión integral del Registro Nacional con análisis de datos
- Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda
- Búsqueda generalizada en todo el país
- Coordinación con colectivos de familiares
El objetivo es construir una estrategia donde la información sea más precisa y las acciones estén mejor articuladas.
Reforma 2025: nuevas reglas obligatorias
En julio de 2025, se reformó la ley para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas, incorporando herramientas clave:
- Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
- Apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte
- Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación
- Plataforma Única de Identidad
- Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses
- Especialización y equipamiento de la CNB
- Datos mínimos obligatorios en todos los registros
- Coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la FGR
- Integración de comisiones estatales y la CEAV al Sistema Nacional de Búsqueda
Con estas medidas, la estrategia busca operar con mayor precisión, coordinación institucional y herramientas tecnológicas, en un esfuerzo por enfrentar un problema que ha marcado distintas etapas de la historia reciente del país.
México activa rastreo de CURP y registro simultáneo en el nuevo Protocolo de Búsqueda
