La Fiscalía General de la República (FGR) cateó y aseguró una bodega en la capital del país, presuntamente arrendada por el exvicealmirante Roberto Farías Laguna, donde se localizó documentación clasificada de seguridad nacional, expedientes de altos mandos navales, armas sin registro y objetos de lujo.
A través de un videomensaje, la fiscal Ernestina Godoy Ramos detalló que este hallazgo forma parte de las investigaciones contra una compleja red de contrabando de hidrocarburos, mejor conocida como «huachicol fiscal». Dicha trama criminal cobró relevancia tras el aseguramiento en 2025 de un buque con 10 millones de litros de diésel en Puerto Altamira, Tamaulipas.
Complicidad institucional y modus operandi
De acuerdo con las pruebas presentadas ante el Poder Judicial, los operadores principales de la red —identificados como Manuel Roberto «N» y Fernando «N», alias Los Primos— intervinieron directamente en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y diversas aduanas marítimas.
“Roberto N., en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, afirmó la fiscal.
El esquema de operación iniciaba con embarcaciones que zarpaban principalmente desde Texas cargadas de hidrocarburo, el cual era declarado de manera fraudulenta como aceite o aditivo para alterar su tratamiento fiscal. Servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que dejaban pasar, realizando inspecciones simuladas, muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados e incluso la desactivación de cámaras de seguridad durante los arribos para impedir el registro de las descargas.
Una vez en tierra, el combustible era distribuido a través de tres empresas legalmente constituidas, mientras que una red de empresas fachada y triangulaciones financieras se encargaba de blanquear los ingresos para darles apariencia legítima. Las indagatorias han permitido identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Investigación se remonta a 2024
La fiscal Godoy Ramos recordó que el origen de esta investigación se remonta a 2024, cuando el almirante Rafael Ojeda denunció ante el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero la presencia de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval. Asimismo, subrayó que el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles, ha permanecido atento al seguimiento de las pesquisas.
Finalmente, la titular de la FGR enfatizó que las instituciones no se corrompen por la traición de algunos de sus integrantes y aseguró que la responsabilidad es estrictamente individual, por lo que todo aquel que haya utilizado un uniforme, cargo público o aduana para servir al crimen deberá responder ante la justicia.
