El feminicidio entra al centro del debate nacional con una propuesta directa y de alto impacto. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una iniciativa que busca homologar criterios en todo el país y endurecer las sanciones para quienes cometan este delito.
La propuesta, impulsada junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de las Mujeres, plantea un cambio de fondo: unificar la forma en que se investiga, sanciona y repara el feminicidio, con el objetivo de cerrar espacios a la impunidad.
“La propuesta es que en un artículo de la constitución haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tenga una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, explicó la mandataria.
Penas de hasta 70 años y 21 agravantes: el nuevo piso legal
Uno de los puntos más contundentes de la iniciativa es la pena de entre 40 y 70 años de prisión para quien cometa feminicidio, acompañada de 21 agravantes que pueden incrementar la sanción.
De acuerdo con el proyecto, el delito se configura cuando “se prive de la vida a una mujer por razones de género”, considerando elementos como:
- Signos de violencia sexual
- Antecedentes de violencia contra la víctima
- Relaciones de poder o subordinación
- Delitos motivados por estereotipos o prejuicios
Además, se establecen agravantes específicos cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad, así como en casos donde sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o cuando el delito sea cometido por personas servidoras públicas.
Sin prescripción y sin beneficios: endurecen el castigo
La iniciativa incorpora medidas que buscan evitar que los casos queden sin justicia. Entre ellas destaca que el delito, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, es decir, no perderán vigencia con el paso del tiempo.
También se establece que:
- No habrá excusas absolutorias ni atenuantes
- No procederán amnistías, conmutaciones de pena ni libertad condicionada
- Se eliminan criterios de oportunidad que puedan reducir la sanción
A esto se suma una multa de mil a dos mil UMAs y sanciones adicionales que impactan directamente al responsable.
Pierden derechos y cargos públicos: sanciones más allá de la prisión
El castigo no se limita a la cárcel. La propuesta establece que las personas responsables de feminicidio también enfrentarán pérdidas legales y civiles relevantes:
- Pérdida de derechos sucesorios
- Pérdida de la patria potestad, tutela, guarda y custodia
- Destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos
Estas medidas buscan romper cualquier vínculo de poder o beneficio derivado del delito.
Una ley nacional para unificar la justicia
El proyecto incluye una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir esta ley general, lo que permitiría homologar el tipo penal y los protocolos de investigación en todo México.
La fiscal general, Ernestina Godoy, subrayó la dimensión del problema:
“El feminicidio es un hecho social que requiere la maximización de las acciones de las instituciones […] debe entenderse no solo como un delito, sino como una violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales”.
En esa línea, la propuesta incorpora también políticas de prevención, atención a la violencia feminicida y mecanismos de reparación integral del daño, colocando el enfoque no solo en la sanción, sino en todo el sistema de respuesta institucional.
La iniciativa será enviada al Senado, donde comenzará su proceso legislativo con el objetivo de convertirse en un marco nacional que unifique criterios y fortalezca la acción del Estado frente al feminicidio.
