(29 de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 15 de diciembre del 2015 entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Con éste, llegó un innovador negocio concesionado por el Gobierno de la Ciudad de México: las fotomultas.
Aunque los automovilistas tuvieron dos meses “de gracia” para adaptarse a las nuevas sanciones, principalmente a los límites de velocidad, desde el 15 de febrero la empresa privada Autotraffic es responsable tanto de la operación de las cámaras como de la impresión y entrega de las boletas de sanción, mismas que están obligados a pagar o de lo contrario no pueden realizar trámites como la verificación vehicular.
Como era de esperarse, la inconformidad de los ciudadanos crece día a día, igual que la denuncias de casos de abuso en los cuales la empresa Autotraffic envía fotomultas vencidas, dudosas, con datos ilegibles o incluso con los datos de un conductor pero con la foto de otro automóvil, “hay casos registrados en los que las unidades ni siquiera se encontraban en la capital el día de la supuesta infracción o de plano llegan fotomultas sin imagen”, señala en su página de Facebook el colectivo Alerta de Fotomultas y Multas México.
La concesión que entregó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, facilitó un negocio millonario hasta el año 2017 a una empresa de la que poco se sabe. La reacción social generó que por el momento se apliquen descuentos de un 80 por ciento en el monto de las fotomultas, pero esta medida sólo es un paliativo.
De acuerdo con el contrato SSP/BE/S/312/2015 firmado entre el gobierno capitalino y la empresa Autotraffic, esta recibirá, durante la vigencia del contrato, el 46 por ciento del importe de las multas levantadas y si éstas ascienden -como versa en el documento- a la cantidad aproximada de 150 mil infracciones mensuales, entonces la empresa poblana se llevará a la bolsa la nada despreciable cantidad de 138 millones de pesos mensuales, esto considerando que el costo promedio de la multa, de acuerdo con el nuevo reglamento capitalino, es de 2 mil pesos.
Morena exige cancelación de fotomultas
Después de que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, anunció que debido a las inconformidades de los automovilistas, se suspendería indefinidamente el programa Límite Seguro, el cual integraba las fotomultas por exceso de velocidad, el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México exigió que el gobierno capitalino cancele el programa de fotomultas en la capital del país.
En este sentido, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, demandó la eliminación de las fotomultas y tomar en cuenta las más de 65 mil firmas que su partido político acopió contra el Reglamento de Tránsito, en particular contra esta modalidad de multa, pero que fueron ignoradas por el gobierno capitalino y el Poder Judicial de la Federación.
“Nosotros le venimos a decir a Miguel Ángel Mancera que actúe en consecuencia en la Ciudad de México. Que se suspendan indefinidamente la aplicación de fotomultas, primero porque son ilegales, debido a que se dio la concesión a un particular de una responsabilidad que le corresponde al gobierno.
“En segundo lugar, porque ha sido muy opaca la forma en que se hacen estas multas, en que se cobran (…) esta es una oportunidad para que el Jefe de Gobierno dé marcha atrás en un tema que afecta a los ciudadanos e imite a su homólogo del Estado de México, que a pesar que no se ha caracterizado por ser un buen gobernante, demuestra más sensibilidad y retira esta medida con el argumento de atender las quejas ciudadanos. No es posible que un gobierno que se dice de se dice de izquierda tenga ‘oídos sordos a la opinión de la gente’, expresó Cravioto.
En su oportunidad, el legislador local Felipe de la Cruz precisó a Revolución TRESPUNTOCERO que “los capitalinos exigen que se consulte y revoque el reglamento de tránsito, tenemos 20 mil amparos que se han presentado pero están guardados en el cajón de algún burócrata.
“Además la opacidad que mantiene el Gobierno capitalino sobre las cifras de lo recaudado y las fotomultas que se han aplicado desde que inició este negocio, porque eso es lo que es, se han escondido. Nosotros hemos preguntado los datos al Secretario de Seguridad Pública pero fue necesario hacerlo mediante un punto de acuerdo en la Asamblea porque no quería dar esos datos”.
De la Cruz llamó al Jefe de Gobierno a reflexionar y eliminar esta medida que en su opinión “no ayuda a su popularidad pero sí al descrédito de un gobierno que se dice de izquierda pero actúa como de derecha”.
“El mecanismo establecido obliga al automovilista pagar la fotomulta para poder verificar, incluso si existe una queja o inconformidad en su contra. Son acciones coercitivas que atentan contra la economía de los ciudadanos porque muchos por no pelear y perder el tiempo en los tribunales pagan las multas aunque éstas sean injustas o peor aún inexistentes, eso abona a un modelo de negocio garantizado pero injusto y abusivo”, puntualizó Felipe de la Cruz.
Por su parte el diputado morenista Raymundo Martínez advirtió que su partido seguirá buscando la cancelación de la concesión a la empresa Autotraffic por el cobro directo de las fotomultas.
“Este tipo de concesiones desvirtúan la función del servicio público y supeditan a la autoridad a los intereses de las empresas concesionarias, dejando de lado el interés común”, mencionó Martínez.
Polémica pendiente
El pasado mes de enero Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México presentó una demanda formal de amparo en contra de algunos artículos del nuevo Reglamento de Tránsito capitalino.
Batres Guadarrama entregó en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la delegación Álvaro Obregón, firmas, documentos y anexos para fundamentar dicho recurso legal.
Además señaló en aquella ocasión que los amparos son contra el hecho de que el gobierno de la ciudad “subrogó” la aplicación de las fotomultas a una empresa privada, a la que se le tiene que entregar el 46 por ciento de las sanciones económicas que se cobren.
A más de seis meses de interpuesta esta medida legal el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa no ha dado respuesta alguna a los reclamos jurídicos del líder morenista.
