(03 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo a un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), tomando como referencia las “buenas prácticas internacionales”, el proceso que hasta ahora ha seguido el proyecto para la realización del Corredor Cultural Chapultepec (CCC) ha tenido fallas significativas atribuibles al marco jurídico vigente, pero otras relacionadas con las decisiones tomadas por funcionarios de distintas áreas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), incluidos los del ProCDMX, instancia que funciona como “agencia de inversión y desarrollo” del GDF de Mancera.
El IMCO identifica como una de las fallas que la definición del proyecto y el esquema de financiamiento se hicieran a la inversa, pues el gobierno definió primero el esquema de financiamiento -coinversión pública-privada- y posteriormente las características específicas del proyecto, que terminó estableciendo que sería un parque elevado.
Además, el gobierno de Mancera no promovió la coordinación entre proyectos que afectarán la misma zona; por ejemplo, el proyecto del Centro de Transferencia Moral (CETRAM) Chapultepec, que colinda con el CCC y que ProCDMX concesionó -por 44 años- a un fideicomiso.
El análisis apunta a que no existen criterios específicos a través de los que se pueda determinar cuándo un proyecto puede ser financiado con recursos públicos y cuándo se debe recurrir a una asociación público privada (APP) o a un esquema de coinversión; por si fuera poco, tampoco existen parámetros para calcular qué nivel de inversión debe asumir el gobierno respecto al que hará el sector privado en este tipo de esquemas.
Asimismo, “el marco jurídico permite la falta de competencia en el proceso de selección del inversionista, lo que se demuestra por: el acercamiento a un gremio y otros mecanismos informales en la búsqueda de posibles interesados, el bajo número de concursantes, la corta duración del proceso y la decisión de no licitar públicamente”, se puede leer en el análisis de la asociación cuyo director general es Juan Pardinas, quien se desempeñara como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Del mismo análisis se desprende la conclusión de que “la legislación permite opacidad respecto a la toma de decisiones y el uso de la figura del fideicomiso privado, el cual está cerrado al escrutinio público. Esto se explica porque cuando el gobierno no aporta dinero pero sí una concesión, no hay suficiente claridad en la ley respecto a los criterios de transparencia a los que se debe sujetar”.
Participación ciudadana, insuficiente
El texto del análisis indica que el involucramiento de la ciudadanía en la primera etapa del proyecto; es decir, antes de que fuera seleccionado el inversionista fue, por decirlo menos, deficiente.
Aunque en septiembre de 2014 se realizó una encuesta, esta se dirigió únicamente a habitantes de la zona, excluyendo a automovilistas, transportistas, peatones y comerciantes que diariamente transitan por la misma.
De acuerdo a un estudio de movilidad realizado por Steer Davies Gleave, cada hora circulan hasta 137 mil usuarios -entre ciclistas, automóviles, camiones de carga y pasaje, usuarios de metro y Metrobús por Avenida Chapultepec- en esa parte de la ciudad. Si todos hubieran participado en la encuentra, se habrían evidenciado, con mayor certeza, las necesidades de la zona.
Además, la encuesta no incluyó ninguna pregunta explícita sobre si los vecinos consideraban necesaria o “deseable” una obra de cualquier tipo en la zona y menos si estarían de acuerdo con la construcción de un parque elevado o un área comercial.
Sin embargo, en la página de ProCDMX se menciona que “el Corredor Cultural Chapultepec es un proyecto incluyente que se estudió, planeó y realizó con bases sólidas de acuerdo a lo que la ciudadanía demanda”, a pesar que no fue sino hasta que el proyecto, tipo de financiamiento e inversionistas ya estaban definidos, cuando se le informó a la ciudadanía sobre las características del mismo.
El gran inconveniente de la consulta ciudadana que organizará este mes el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para poner a consideración de la ciudadanía la necesidad y las características del proyecto, es que los resultados no serán vinculantes; es decir, el GDF puede tomarlos en cuenta, o simplemente desecharlos.
“La consulta organizada por el IEDF debe ser precedida por una campaña de información que vaya más allá de mostrar imágenes y realmente compare bajo diversos rubros (cuantificando costos y beneficios) las dos opciones de proyecto sobre las cuales la ciudadanía votará. De lo contrario se corre el riesgo de que el ejercicio de consulta sea un ejercicio vacío y que…simplemente sirva para legitimar un proyecto que no necesariamente es lo que requiere la ciudad”, advierte el documento.
Las recomendaciones
El IMCO es categórico cuando señala que para proyectos de regeneración urbana, se debe seguir un proceso ordenado, “donde el primer paso sea definir las necesidades de la ciudad”.
Agrega que es necesaria la realización de una consulta ciudadana antes de contraer compromisos con empresas privadas y que se debe encontrar un balance entre el ejercicio democrático y la viabilidad de proyectos urbanos.
También recomienda hacer un análisis, primero, de las diferentes opciones urbanísticas y financieras de los proyectos y publicarlo; así como robustecer el marco jurídico en materia de coinversión para promover la competencia durante el proceso de selección del inversionista y evitar la discrecionalidad.
Armonizar el marco jurídico en materia de coinversión con el de transparencia y rendición de cuentas, no utilizar fideicomisos privados para proyectos como el CCC y reportar los ingresos del gobierno provenientes del proyecto y su destino, son parte de las recomendaciones.
