El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) “entregar versiones públicas de los contratos con empresas que implementan medidas de seguridad para activistas y periodistas”.
Como parte de la resolución del INAI, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también deberá dar a conocer el número de empresas contratadas y el tipo de contratación, entre el 25 de junio de 2012 y el 6 de diciembre de 2017, informó Reforma.
En respuesta a la solicitud de un ciudadano, la Segob clasificó dicha información como reservada, con el argumento de que “revelarla pondría en riesgo la vida, la seguridad o salud de las personas referidas”.
Inconforme con la clasificación, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, órgano que modificó la respuesta original y le instruyó a entregar una versión pública de los contratos, en la que deberá proteger ciertos apartados que sí resultan confidenciales.
Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano sostuvo que “la cantidad de empresas contratadas por el Fondo y el tipo de contratación no pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas”.
“Porque no haría identificable a los proveedores ni a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y tampoco daría cuenta de las medidas implementadas en el marco del mecanismo de protección”, apuntó.
A efecto de contar con más elementos para resolver el recurso, se realizó una diligencia de acceso a la información clasificada en donde se tuvo a la vista un contrato en el que se describen los términos y condiciones pactados en dichos instrumentos jurídicos, informó el mismo medio.
No obstante, se advirtió que “existen apartados donde se especifica el nombre del proveedor, su apoderado legal y los servidores públicos que participaron en la contratación, cuya difusión pondría en riesgo la vida o seguridad de quienes conocen las medidas de protección”.
Asimismo, el INAI verificó que los contratos contienen la descripción de los servicios, equipos y materiales requeridos, aspectos relacionados con la implementación de las medidas de protección para defensores y activistas beneficiarios.
“La transparencia en este caso permitirá conocer la cantidad de actores del sector privado involucrados en labores relativas al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Además de los montos económicos destinados para este fin, así como tópicos generales de la contratación”, puntualizó la comisionada Cano.
