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(5 de febrero, 2015).- La investigación que presuntamente ordenó Peña Nieto hacer a Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública (SFP), era saber si hubo o no conflicto de intereses en los contratos de las empresas que vendieron las casas a Angélica Rivera y Luis Videgaray.
Virgilio Andrade
Pero, paradójicamente, investigar contratos entre particulares no es una de las funciones que pueda llevar a cabo la SFP.
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Especificó que: “Lo que se va a investigar, específicamente es si estos particulares (las empresas de Grupo Higa) que vendieron las casas fueron favorecidos indebidamente en los contratos. La compra en sí no es competencia de la Secretaría de la Función Pública porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil”.
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Pero asegura que el proceso será imparcial ya que su obediencia es una función de las leyes y las responsabilidades y no del presidente.
Añadió que es cierto que tiene tiempo de conocer a Luis Videgaray, estudiaron juntos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), pero que eso no impedirá que lo pueda investigar de la manera en que debe hacerlo.
En otro orden de los hechos el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se ha declarado incompetente para comprobar que la información fiscal, presentada por Angélica Rivera, sobre la adquisición de la ya conocida “casa blanca”.
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Lo anterior surgió a raíz de la solicitud elaborada por Darío Martínez, abogado constitucionalista, donde el SAT contestó que no era autoridad para emitir dicha resolución.
Por lo cual se consideró una anomalía en el actuar del SAT ya que si la autoridad se declara incompetente para llevar a cabo dicha investigación debe encargarse de dar el caso a una autoridad que sí lo sea.
Y declaró: “La repuesta del SAT nos sorprende. Presentamos la solicitud de información ante esta dependencia porque es la única instancia que cuenta con todos los elementos para haber aclarado las dudas sobre el tema. Esta contestación puede interpretarse de dos formas: no valida la información porque no la tiene, es decir, lo expuesto por la señora Rivera no se documentó ante Hacienda, o bien, no existe disposición a trasparentar información de interés público”.
De esta forma giran aún más anomalías en torno a la adquisición de dicho inmueble y de la investigación que existirá en torno a ese caso.
